Las opiniones (favorables a la economía argentina) de Bárcena Ibarra son de escaso valor porque ella es una bióloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, que luego realizó un posgrado en Administración en Harvard, pero nunca se especializó en economía. Su designación en Cepal, organismo que depende de Naciones Unidas, tiene que ver con una decisión político-burocrática de México y no con un reconocimiento académico.
Sin embargo, para Miradas Al Sur, es una opinión muy valiosa. (?)
"(...) la nueva conducción de la CGT presentó un trabajo que bajo la conducción del sindicalista de los docentes privados Horacio Ghillini, elaboró un grupo de economistas, entre ellos Daniel Carbonetto. Su propuesta fue que pagaran el impuesto los trabajadores solteros que ganan $ 9.100 mensuales y los casados con dos hijos a partir de $ 12.500 es decir un incremento del 50%. Para llegar a este valor ajustaron los haberes por el IPC nueve provincias, el que usan los investigadores reacios tanto a las manipuladas cifras del INDEC como a las de las consultoras privadas que realizan estimaciones aproximadas sin rigor metodológico.
Para compensar la merma en la recaudación que sufriría el Estado, los economistas de la CGT propusieron aplicar un impuesto del uno por ciento a las transacciones financieras realizadas en la Bolsa de Valores y en el Mercado Abierto Electrónico, duplicar las retenciones a las empresas mineras y triplicar la recaudación del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires. Estimaron que de este modo podría obtenerse un incremento de recaudación de más de $ 15.000 millones anuales. Esto compensaría la merma por la disminución de aportantes de la cuarta categoría, que la CGT no cuantificó, pero que superaría los 17.000 millones (ya que con el aumento del 20 por ciento esa disminución será de $ 8.171 millones, de acuerdo con el informe de la AFIP).
En consecuencia, aunque el avance sobre esos tres rubros pudiera realizarse sin resistencia, quedaría un bache fiscal de $ 2.000 millones. En el mundo real no basta con escribir los números de esos gravámenes en una planilla. Para dimensionar qué implicaría un impuesto del 1% a las transacciones financieras desde el punto de vista económico, pero también político, basta observar que los estudios más serios sobre la tasa de alcance global que propuso el premio Nobel de Economía, James Tobin, oscilaron entre un 0,1% y un 0,5%.
El entonces Grupo de los 7 discutió por primera vez el tema en 1996, en Francia. Debieron pasar diecisiete años y la peor crisis global en un siglo para que once países (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia y Portugal) acordaran imponer una tasa del 0,1% para la compraventa de acciones y bonos y del 0,01% para los productos derivados, que recién entraría en vigencia el año próximo y exceptuando a los pequeños inversores.
La idea de que una tasa del 1% pueda ser implantada en un solo país, a media hora de avión de la generosa plaza de Montevideo, sólo puede inspirarse en el voluntarismo o el engaño. En cuanto a la minería, tanto el Estado nacional como las provincias están explorando vías para sortear la ley 24.196, de inversiones mineras, que brinda a las empresas estabilidad fiscal por tres décadas al prohibir modificaciones en la carga tributaria vigente al momento de aprobarse un proyecto.
Pese a ello, al comenzar su primer mandato CFK cuadruplicó las retenciones que deben pagar, considerando que esos aranceles no están cubiertos por la ley del menemismo, y al inicio del segundo eliminó los subsidios eléctricos que recibían y las obligó a liquidar aquí los dólares que obtienen por sus ventas. La triplicación del inmobiliario rural bonaerense provocaría un incendio peor que el de 2008 y, además, depende de la voluntad de un gobernador que prefiere demandar fondos a la Nación y no litigar con sectores poderosos porque, como explica cada vez que ve un micrófono, él es hombre de consenso y no de confrontación.
El detallado informe que presentó la AFIP, indica que con los nuevos mínimos, sólo pagarán el impuesto el 17,5 de los trabajadores. Hasta la CGT reconoció en su trabajo que en otros países de la región y sobre todo en los de mayor grado de desarrollo el impuesto a los ingresos provenientes del trabajo es más alto que en la Argentina y que es progresivo, al afectar sólo a los trabajadores de mayores salarios y con tasas más altas para los de ingresos superiores.
Luis Barrionuevo amenazó con paros y Pablo Micheli dijo que imaginaba un futuro conflictivo, que es su idea fija, hasta ahora de improbable verificación. La crítica más repetida fue que en cuanto se cierren las negociaciones paritarias con aumentos del 25 por ciento, volverá a crecer el número de alcanzados por el impuesto. Esta es una involuntaria admisión de que con un aumento de la misma magnitud que el del mínimo no imponible, el número de aportantes de la cuarta categoría se mantendría por debajo de la cantidad actual. (...)".
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"La economía de 2013 es muy diferente a la de tres o cuatro años atrás. Antes, decisiones que habrían de tener impacto negativo sobre la inversión o la productividad pasaban poco menos que desapercibidas. Eran absorbidas por la holgura fiscal y cambiaria y por el hecho que la infraestructura no había llegado a un grado extremo de saturación, caso de ferrocarriles y energía. (...)
De acuerdo a los cálculos de Marcelo Capello y Gustavo Diarte, economistas de Ieral de Fundación Mediterránea –efectuados luego de ser anunciado el ajuste del mínimo no imponible–, para que un trabajador representativo logre una actualización salarial de 25% nominal deberá negociar con sus empleadores un incremento de 28,5%, ya que 3,5 puntos porcentuales irán, directamente, a favor de la Afip.
Por ende, con las actuales expectativas de inflación, los acuerdos serán mucho más difíciles de lograr. Distinto habría sido el escenario con una contribución mayor del Gobierno nacional. Por caso, subiendo un 40 por ciento ese mínimo.
Por supuesto que un avance en esta dirección habría tenido costo fiscal, pero con un gasto del sector público nacional estimado en 715 mil millones de pesos (sin computar intereses de deuda) para 2013, las cifras en juego vinculadas con el mínimo no imponible de Ganancias son perfectamente manejables, siempre que exista la decisión de reasignar prioridades.
Se trata, entonces, de una solución no cooperativa, que puede generar nuevos problemas. Las provincias y las empresas deberán hacer frente a las negociaciones salariales con trabajadores y dirigentes sindicales, que ahora saben que todo ingreso por encima de $ 6.900 (solteros) y $9.600 (casados con dos hijos) estará tributando Ganancias, cuando en el recesivo 2009 esos mínimos eran, respectivamente, de $ 9.600 y $ 13.300 (cifras actualizadas y redondeadas).
Por el lado de las provincias, hay que tener en cuenta que el grueso de las erogaciones se consumen en sueldos. En 2012, la necesidad de financiamiento del consolidado de estas jurisdicciones se aproximó a los $ 30.000 millones, lo que anticipa para este año una gran presión en busca de liquidez sobre el mercado de capitales y el sistema financiero.
En el caso del sector privado, el riesgo de mayor conflictividad no es precisamente una buena noticia sabiendo que, en promedio, las industrias locales enfrentan un costo laboral en dólares 50 por ciento mayor a las brasileñas.
Las exportaciones fabriles sufren por esta merma en la competitividad. Luego de haber caído 4% interanual en 2012, la marcha de las ventas al exterior de las manufacturas de origen industrial (MOI) será uno de los test más relevantes de 2013.
Ya se ha analizado el giro de la política económica, en el sentido de tender a indexar las principales variables a un ritmo del 20% al 25% anual, incluyendo ahora al tipo de cambio oficial. Pero el gran interrogante es si esta nueva práctica será suficiente. (...)".
El periodista
Hugo Grimaldi, en La Gaceta, de San Miguel de Tucumán, coincide con ese punto de vista,utilizando como punto de partida la evolución del dólar libre y la peligrosa ampliación de la brecha cambiaria, además de la crisis fiscal que arrastra la Administración Cristina:
"(...) Ya desde el Gobierno se está diciendo que hay en marcha una "conspiración" de características desestabilizadoras. ¿Qué cambió, si para las usinas oficialistas hasta hace tres días la suba de dólar era propia de un "mercado chico" y se daba por "el cambio de quincena"? Nunca se lo va a admitir, pero el valor del paralelo es más la consecuencia del desmadre económico que su causa. ¿Por qué hablar de desmadre? Porque a las características ya conocidas del cristinismo de utilizar el palo o la zanahoria del dinero como modo de disciplinar a todos los que se le oponen (provincias, partidos políticos, sector privado), para transformarlos así en vasallos de extremo verticalismo, hay que sumarle un elemento central que hace a la tipología gubernamental: la tozudez extrema que hoy paraliza al Gobierno y, paradójicamente, lo saca de cauce.
Como la ideología le está ganando la batalla al pragmatismo, es en este punto donde las autoridades se traban, ya que no hay quien pueda acometer el propósito de arreglar algo que no se considera que esté dañado, ni los defectos de base del modelo económico, ni siquiera los desbordes ya incontenibles de su actual instrumentación. No entienden cómo algo tan genial, que sirvió para sacar el país de una profunda crisis, es resistido hoy por una parte de la sociedad y mucho menos por qué deberían hacer algo al respecto. Desde las diferentes vertientes de la oposición señalan que hoy con un ajuste no alcanza, que hay que cambiar la matriz económica por completo y otros, con mayor maldad, señalan desde lo político, que éstas son las consecuencias de retener el poder durante tanto tiempo, ya que el "gobierno anterior", siempre culpable de todos los males, esta vez es el propio.
También desde el ángulo opositor, políticos y economistas ortodoxos marcan dramáticamente que el Gobierno ha agotado casi todas sus fuentes de recursos y que la pretendida prosperidad está solamente basada en la emisión monetaria y en las cajas cada vez más exhaustas de la Anses y los bancos oficiales.
Ponen como ejemplo la sequía a Buenos Aires, un capítulo bien dramático de la falta de dinero que busca desgastar a Daniel Scioli, un administrador que tiene efectivamente dificultades estructurales que, sin fondos nacionales, harían peligrar la gobernabilidad de la provincia. Pero, en Olivos, nadie es tan necio como para no darse cuenta que allí están los votos y que no pueden dejarla caer.
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Como cuarto elemento de la situación económica, el más delicado para considerar, hay quienes observan que en vez de rectificar el motor se lo está acelerando peligrosamente. Como esto ya le pasó a la Argentina varias veces en los últimos 50 años, el Gobierno debería ver en el precio del dólar "blue" una señal de alerta, antes que un intento de ataque a la estabilidad institucional.
Pero, además de la negativa gubernamental a proceder a cualquier cambio, existe también una evidente falta de figuras que puedan asumir de modo solvente el desafío de hacerlo. En el Gobierno hay al menos un cuádruple o quíntuple comando económico, casi espasmódico en sus resoluciones y desde afuera se percibe que no existe ninguna coordinación que modere los excesos y prevea cubrir los agujeros que se van produciendo. Todo lo dicho en materia macroeconómica tiene un correlato muy cercano con los problemas que padece la infraestructura, que se ido deteriorando de modo palpable en la última década, tal como le pasó al área energética, también con precios políticos que casi terminaron con el sector.
El Estado, antes que ejercer la función de control, improvisó más de la cuenta, las acogotó desde el costado de las tarifas, dándoles subsidios a destajo, permitiendo además muchos excesos que deberá atender la Justicia y limitándoles toda posibilidad de acondicionamiento de las redes. Lo más terrible para el Gobierno es que la población se ha dado cuenta de cómo son las cosas y ya el relato no lo puede disimular más."
