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ANÁLISIS

Cautela de Javier Milei por riesgo de "stop" de los gobernadores

Javier Milei parece comprender que la legitimidad de los gobernadores en sus provincias lo obliga a ser más cauto en su vínculo con ellos.

31 de marzo de 2024 - 00:32

Javier Milei estaría más preocupado esta vez por su relación con los gobernadores. Los necesita para sancionar la tan demorada ‘Ley ómnibus’. Pero el Presidente también parece comprender que la legitimidad de los mandatarios en sus provincias lo obliga a ser más cauto en el vínculo con ellos. En algunos casos la popularidad del gobernador local puede ser mayor a la del jefe de la Casa Rosada. Por citar uno, Ignacio Torres, de Chubut y quien tuvo anteriormente un fuerte encontronazo con Milei por el recorte de fondos, tiene en su provincia -según la última encuesta de mensual de CB Consultora- una imagen positiva del 61,5%, 4 puntos más de lo que obtuvo en febrero. Por el contrario, la aceptación de Milei en el distrito patagónico se contrajo 3 puntos en el mismo lapso, hasta el 48,7%, por lo que quedó más de 10 puntos por debajo de Torres. Claramente, en la confrontación -que incluyó una fuerte campaña en redes sociales en contra del joven dirigente del PRO, con momentos execrables- fue Torres el que consiguió un rédito. El mismo gobernador también fue uno de los primeros en protestar por el decreto que condicionó las transferencias que por ley Nación tiene que hacer a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Además de Torres se oyeron advertencias desde Santa Fe, Córdoba y Santa Cruz sobre medidas a adoptar ante esa situación. La Casa Rosada en lugar de escalar el conflicto (como suele hacer) salió a poner paños fríos sobre el asunto por 2 vías: primero Guillermo Francos, ministro del Interior y nexo directo de Ejecutivo Nacional con los gobernadores, dijo que no se eliminaron partidas sino que les cambiaron la denominación. Es decir, ese dinero está contemplado, pero con otro nombre. Luego, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que no hace hincapié en el argumento del ministro, sino en que hay una auditoría en curso por parte de la ANSeS al cabo de la cual se cumplirá en abonar los montos a las 13 provincias en cuestión.

Antes de la aclaración presidencial, las provincias estaban anticipando cursos de acción. Torres, el santafecino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora hicieron saber que adoptarían la vía judicial para el reclamo. Desde Santa Cruz, en tanto, adelantaron una movida conjunta en la que las 13 provincias afectadas firmarían un documento para llevar a la ANSeS tras el feriado extra-large por Semana Santa. Esos movimientos hacen suponer que los gobernadores estaban bien informados sobre la decisión del Gobierno Nacional. Sin embargo, en su comunicado la Casa Rosada evita confrontar con los jefes provinciales y adjudica el conflicto a que los medios de comunicación publican “primicias falsas”. Fue una forma de preservar el vínculo con las provincias. Federico Aurelio, director de la consultora Aresco y una voz respetada por Milei desde que le anticipó su victoria en las PASO, subrayó que el Presidente hoy no gana en la confrontación con los gobernadores porque la opinión pública en general no tiene una imagen de “casta” respecto de ellos. Con ese dato, Aurelio consideró que son los gobernadores los que pueden “ponerle un stop” a las decisiones que se toman en la Casa Rosada. En esa línea coincidió su colega Hugo Haime, que en su habitual columna de Diario Perfil remarcó que los gobernadores “son los únicos con capacidad para ponerle freno al Presidente”. La foto que protagonizaron Axel Kicillof y Pullaro tuvo un fuerte impacto en ese sentido, por tratarse de una postal de notoria transversalidad.

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Axel Kicillof con Maximiliano Pullaro.

Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibirán este jueves al pelotón de gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio en el marco de las negociaciones para avanzar en la aprobación de la ‘Ley ómnibus’ y en el blindaje del DNU 70/2023 que ya fue rechazado en el Senado. Si la Cámara de Diputados también baja el pulgar, el al mega-decreto desregulación dejará de tener vigencia. La preocupación de Milei respecto al DNU también llega hasta la Corte Suprema. Son insistentes las versiones de que el supremo Ricardo Lorenzetti convenció a Milei de que la actual mayoría que conforman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y -hasta diciembre- Juan Carlos Maqueda volteará el decreto de Necesidad y Urgencia. De allí la necesidad de conformar un nuevo polo de poder interno dentro del tribunal que el propio Lorenzetti buscaría con Ariel Lijo y, más versiones, con Rosenkrantz. La nominación de Lijo se oficializó esta semana, al igual que la del jurista Manuel García-Mansilla, postulado para reemplazar a Maqueda a fin de año. Pero en las horas previas se dio algo inédito: organizaciones del sector empresario pusieron reparos a la propuesta de la Casa Rosada para integrar la Corte. No lo nombraron, pero los sendos comunicados que se publicaron parecen hablar tácitamente del juez federal. IDEA, la AmCham, cámara que agrupa a las empresas estadounidenses en el país, y las asociación de empresarios cristianos (ACDE) llamaron a completar la Corte con personas de certificada idoneidad y estatura moral, cualidades que, sugieren los textos, no le reconocen a Lijo.

En el espectro de la política, en tanto, desde los distintos espacios niegan que se hayan iniciado negociaciones para la aprobación de los pliegos. Para que Lijo y García-Masilla se conviertan en jueces de la Corte deben ser votados por los 2 tercios de los senadores presentes. El oficialismo tiene sólo 7 legisladores en la Cámara Alta. Y en el caso del pliego de Lijo podrían ser sólo 6 si es que se confirma la versión publicada en el portal La Política Online de que el formoseño Francisco Paoltroni se opone al encumbramiento del juez federal por haberle dejado a la justicia provincial definir el tramo de la causa Ciccone que involucraba al gobernador Gildo Insfrán, quien resultó absuelto. El Gobierno también aleja la posibilidad de otros votos. Como los del kirchnerismo, toda vez que incurre en provocaciones como la de anunciar que le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner, pero sin tener todavía el reemplazo. Así, sólo queda expuesto que no era tan importante cambiarle el nombre al CCK como quitarle el que ya tiene. De todas formas Milei necesitará una ley para ello.

Artificios como los del CCK pueden insuflar la estima de los militantes libertarios, pero no logran disimular las preocupaciones de la ciudadanía en términos económicos que serán al fin y al cabo, como estimó Federico Aurelio, la vara que definirá la suerte del gobierno de Javier Milei. El INdEC informó que cuando terminó 2023 la tasa de pobreza era del 41,7%. O sea que unos 19 millones de argentinos se encontraban debajo de esa línea. Pero la consultora Empiria apuntó que lo publicado por el organismo oficial es en realidad un promedio de los 2 semestres medidos y que si se toma el último trimestre del año pasado, el indicador trepa al 44%. Esa es la herencia que dejó el Frente de Todos. Sobre esa bomba de tiempo social es que Milei aplicó su plan de ajuste de motosierra y licuadora, que el Presidente reivindicó en su disertación a oscuras en el IEFA Latam Forum. Allí también se regodeó de que se iban a despedir a 70 mil empleados estatales, cifra que fue reducida por la propia Casa Rosada a un “15 o 20%” de lo que anticipó Milei. Independientemente de esos números, ATE, que agrupa a los estatales, reconoció unos 10 mil despidos y lanzó una jornada de protesta para este miércoles 03/04.

La recesión instrumentada como ancla de la inflación, por su parte, tiene como contrapartida suspensiones, despidos y retiros voluntarios en el sector privado. El consumo cae merced a un poder adquisitivo que se corroe. Según informó el INdEC, los salarios quedaron en enero 4 puntos debajo de la inflación que ese mes fue del 20%. El Gobierno compensó parcialmente a los jubilados por la erosión de los haberes en la primera parte del año. Aplicará una fórmula ajustada mensualmente por el IPC desde abril, a lo que le agregará un 12,5% de recomposición y un bono de $70 mil, estos últimos se pagarán de forma desdoblada el mes que viene por un tema "administrativo", según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo. La licuación de las jubilaciones fue un elemento central para el reordenamiento de las cuentas públicas en enero y febrero, y para que Caputo pueda exhibir resultados fiscales positivos. Lo indeseable de esa situación fue insinuada por el FMI. Rodrigo Valdés, funcionario para el Hemisferio Occidental del Fondo, pidió “mejorar la calidad del ajuste”.

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