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Tras intenso debate, CABA adhirió al protocolo ILE

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la adhesión al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Hubo cruces entre quienes están a favor y en contra del proyecto.

La Legislatura porteña aprobó, tras un debate de casi dos horas, la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que contó con la participación de todos los diputados y diputadas.

El proyecto había sido presentado en febrero por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contó con el apoyo de 42 diputados, de un total de 60.

Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa había representantes de casi todos los bloques políticos presentes en la Legislatura porteña: Vamos Juntos (VJ), Frente de todos (FdT), UCR-Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista.

No fue unánime la postura de cada bloque y, entre los legisladores que no apoyaron la adhesión, se encuentra Guillermo González Heredia (VJ): "¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto? Yo creo que no, creo que es un desamparo", cuestionó

El protocolo dice que a partir de los 13 años, "se debe considerar la voluntad (de la adolescente) al momento de dar intervención a los organismos de protección".

Por su parte, las niñas que no lleguen a esa edad "podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado".

El protocolo nacional al que adhirió la Ciudad había sido derogado por el gobierno anterior y repuesto en diciembre por fue repuesto por el Ministerio de Salud, encabezado por el ministro Ginés González García.

El mismo se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.

Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo.

"Vamos por la soberanía sobre nuestros cuerpos, sabiendo que son las más pobres y las más jóvenes quienes mueren por aborto clandestino", señaló la diputada Laura Velasco (FdT), una de las oradores en el debate de esta tarde (16/7).

El protocolo establece que el acceso a la ILE "implica necesariamente el consentimiento informado por parte de la persona titular del derecho", a quien "el equipo de salud debe brindarle la información necesaria, en lenguaje claro, no sesgada y accesible".

El resultado de ese "proceso de consentimiento informado -agrega- es el documento por el cual, luego de recibir la información pertinente, la persona manifiesta haber decidido en forma autónoma, libre de influencias y presiones de cualquier tipo y conociendo cabalmente posibilidades y riesgos".

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