El puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés, el riojano Fernando Rejal, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza son 5 votos posibles para La Libertad Avanza en proyectos decisivos. Por ejemplo, el Presupuesto 2026.
Los 5 se alejaron de la bancada comandada por José Mayans, aunque se mantienen dentro del interbloque conformado por los bloques Justicialista, Convicción y Frente Cívico por Santiago, bajo el nombre Popular.
En declaraciones a radio Rivadavia, el diputado nacional confirmó su voto: "Yo voy a votar en contra del Presupuesto" (en general). Pero a FM La Patriada, Salino le había dicho que votaría en general y se diferenciaría en particular.
Y, en cuanto a sus pares, expresó que van a "evaluar la situación, ver cuál es la mirada. Algunos tenemos más discrepancias, otros tienen algunas menos, pero no es el Presupuesto que claramente nos gustaría a ninguno de los 5".
Artículo 30
De todos modos, la agencia Noticias Argentinas afirma que el bloque peronista Convicción Federal votarían en general el Presupuesto 2026 aunque no acompañarían el artículo 30 en el Capítulo II, que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.
Similar posición tomarán los 2 representantes del Frente Cívico por Santiago.
Al votar en general, aunque luego se aparten en particular, "se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner".
La Libertad Avanza descuenta una amplia aprobación de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y de la votación en general del Presupuesto 2026, pero no de su artículo 30.
Mientras espera recomponer su vínculo con el PRO, LLA no sabe si le alcanzará con los oficialismos de Misiones y Tucumán.
LLA ya conoce que hay una postura dividida de la UCR (el bonaerense Maxi Abad y el catamarqueño Flavio Fama rechazarían el artículo 30).
Negocian con el correntino 'Camau' Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi (todos responden a sus gobernadores) y los herméticos santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, quien estuvo en Casa Rosada el lunes 22/12.
Más complejo está el apoyo de la neuquina Julieta Corroza.
El informe que llegó a Javier Milei es que hay posibilidades de derrotar a la comunidad universitaria.
El Ejecutivo ya anticipó vía su funcionario Alejandro Álvarez que “no está previsto el aumento de salarios que solicitan los sindicatos".
Según CONADU, la pérdida salarial Diciembre 2023 / Agosto 2025 en términos reales es del 38,7%. No hay paritaria desde octubre del 2024.
Precisiones
Veamos el artículo 30, entonces.
El inciso "a" busca dejar sin efecto el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, el cual reza: "El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075 (Financiamiento Educativo), el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB)".
En tanto, el inciso "b" plantea la derogación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada en 2021.
El artículo 5 de esta norma dispone que "el presupuesto destinado a la función ciencia y técnica se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno 1% del PBI de cada año". Mientras que el 6 dispone cómo sería el incremento progresivo año a año.
El 7 habla de que "la asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior", y faculta al jefe de Gabinete para readecuar partidas y cumplir con este objetivo.
El inciso "c" del artículo 30 prevé la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058), el cual establece que el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional "será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas. Este Fondo podrá incorporar aportes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional".
El inciso "d" avanza sobre la integración del Fondo Nacional de la Defensa, artículo 4 de la Ley 27.565, al derogar el primer inciso que establece el aporte del Estado, dejando solamente el financiamiento en manos de aportes de personas humanas y jurídicas, donaciones y legados.
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