Juan Pablo Chiesa, referente político de Aptitud Renovadora y precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires junto Camila Ayelen Pita, consideraron que el Revaluó Inmobiliario será un duro golpe fiscal a la clase media.
La "desesperación de hacer caja" y "la batalla Nación vs. CABA, vuelve a florecer y se cambian las reglas de juego a los efectos de recaudar más impuestos", aseguran y agregan que la medida, alcanzará a unos 240 mil porteños y más de 7000 propiedades.
En su contenido, girado a Urgente24, explican que "la presión fiscal en nuestro país alcanza el 31,5% del PBI, es la segunda mayor de Latinoamérica, ubicándose en el ranking sólo después de Brasil. Si se considera la presión fiscal que existiría sin evasión, Argentina se acercaría a los países con mayor presión fiscal del mundo.
Chisa reconoce que "si el aumento de la presión fiscal viniera acompañado de una mejor calidad de vida, mejoras en los servicios públicos como en países más desarrollados, seguramente la respuesta de la sociedad sería diferente".
Más adelante señala que en lugar de generar incentivos para invertir y lograr recaudar en función del progreso y el desarrollo económico, "la única idea para aumentar las arcas del Tesoro siempre es la creación de un nuevo tributo, o una modificación tal que implique un incremento en la recaudación".
Luego recuerda el caso del "Revalúo Inmobiliario". En esa línea sita que "como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la AFIP dispuso un fuerte aumento de la valuación de bienes inmuebles en la Ciudad que integran la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales".
El abogado aclara que en la Ciudad de Buenos Aires, el Código Fiscal establece que la base imponible del impuesto inmobiliario es la valuación fiscal homogénea y que no puede ser superior al 20% del valor de mercado del inmueble. Por lo tanto califica la medida, como "totalmente arbitraria y discriminatoria" ya que alcanza únicamente a los inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La AFIP adoptó como referencia para este aumento el índice elegido por el gobierno porteño, utilizando como base el valor de la valuación fiscal multiplicado por cuatro.
Si bien puede entenderse querer actualizar la base para achicar la brecha existente entre el valor fiscal y el de mercado, lo cierto es que se cobran dos impuestos por una misma propiedad: el “impuesto inmobiliario y el Impuesto a los Bienes Personales”. Enfatiza Chiesa.
Las residencias utilizadas para vivienda se encuentran exentas de este tributo, no obstante, cuando el valor del inmueble declarado como vivienda supera los $30 millones debe pagarse el impuesto a los Bienes Personales con una alícuota progresiva y distorsiva
"Al utilizar como base el valor fiscal multiplicado por cuatro, se va a alcanzar más rápido el mínimo exento de Bienes Personales, afectando la seguridad jurídica y perjudicando mayoritariamente a la clase media, que parece ser el blanco más frecuente en las políticas del gobierno". Reflexionan los autores
Esta medida, alcanza a aproximadamente 240 mil porteños y más de 7000 propiedades.
El piso de $6 millones de pesos a un dólar solidario de $187 equivale a US$ 32.085, mientras que el valor promedio de un departamento de dos ambientes es de US$125.000.-
Esto es una trampa que quiebra la seguridad jurídica. "El bolsillo de la gente ya no da más, deben entender, la clase clase política gobernante y dejar de tomar decisiones arbitrarias", enfatizan
La oficialización de esta arbitraria medida que desalienta la inversión y la generación de empleo llegará, una vez más, a los pasillos de la CSJN que tendrá en sus manos la facultad de declarar inconstitucional este nuevo intento de destrucción de la clase media porteña, de las inversiones privadas y de los que intentan promover la cultura del trabajo. Concluyen Juan Pablo Chiesa y Camila Ayelen Pita
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