Y señala que la pena irá en aumento dependiendo de la gravedad del hecho:
"Cuando para ello (ataques al poder Ejecutivo) se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años", cita el texto.
Por último, añade: "Cuando para ello se empleare armas de fuegos, explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de diez años a reclusión perpetua".
"La sociedad entera está impactada, conmovida y ciertos sectores afines a la vicepresidente movilizados, creemos necesario un aumento de las penas ante cualquier atentando o intimidación pública hacia las más altas investiduras del Poder Ejecutivo, esto es, tanto para quien ostente el cargo constitucional de presidente y/o de vicepresidente en forma genérica", fundamentó Gerardo Milman en su proyecto de ley.
A su vez, el legislador nacional justificó esta modificación debido al “clima de peligrosa inestabilidad institucional y que afecta a la tranquilidad pública y en su conjunto, al Orden Público imperante”.
El proyecto completo a continuación:
