Según información oficial, el organismo tiene un total de 133 cargos, que se distribuyen por área, incluidas 10 autoridades a cargo de las diferentes direcciones y jefaturas de áreas.
Lo escandaloso es que para cubrir esa nómina de empleados, se gastan $235 millones solo en sueldos de esos 133 empleados, que en su mayoría fueron promovidos a planta permanente con las categorías más altas.
Por otro lado, el informe determinó que los movimientos y la ejecución del gasto entre enero y junio de este año fue de $1.300 millones aproximadamente. Las principales compras y contrataciones incluyen la locación de dos edificios, la contratación de servicios de limpieza, de vigilancia y de mantenimiento de asesores, como así también de monitoreo de medios. El informe también pone la lupa en el hecho de que la mayoría de estas contrataciones se hicieron por contratación directa
Miriam Lewin en la mira
A su vez, el Gobierno también puso la lupa en las decisiones que tomó Miriam Lewin antes de dejar su cargo: antes de que finalizara su mandato el 25 de junio de este año, firmó una resolución que elevó al nivel de secretaria a quien se desempeñaba como directora de Administración.
Se trata de María Celeste Conde, quien fue nombrada entonces como su sucesora a través de una resolución interna. Según consignó e diario Clarín, Conde tiene un estrecho vínculo con el ex titular de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), Martín Sabbatella, quien actualmente integra el gobierno de Axel Kicillof como presidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC).
Lo cierto es que el proceso de asunción de Conde fue caratulado por el Gobierno como de "dudosa legalidad", esto debido a que la titular de la Defensoría del Público debe ser designada por resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso a propuesta de la comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.
Por otro lado, el Gobierno remarcó en su informe que el observatorio fue utilizado para "la estigmatización y persecución de periodistas, ciudadanos o cualquiera que tuviera una posición distinta" a la del gobierno kirchnerista.
La Defensoría del Público fue creada en 2009 como parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, bajo la Ley 26.522, con el objetivo de garantizar el derecho a la información y promover una relación más equitativa entre las audiencias y los medios de comunicación. La función principal del organismo es recibir denuncias, consultas y reclamos de las audiencias, además de fomentar la participación ciudadana en los medios.
