Una ley para limitar los celulares a los presos
La llamada “Ley Rodrigo” busca eliminar el protocolo que actualmente permite a los presos tener teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses.
Ese esquema fue implementado durante la pandemia de COVID-19 para facilitar el contacto de los detenidos con sus familiares ante las restricciones de visitas.
Desde entonces, los internos pueden utilizar dispositivos móviles registrados ante el Servicio Penitenciario Bonaerense. Sin embargo, el uso de esos teléfonos generó fuertes cuestionamientos debido a que muchas organizaciones delictivas continúan operando desde las cárceles.
Según datos oficiales, en los penales bonaerenses hay 48.693 celulares registrados, aunque se estima que el número real es mayor debido a los dispositivos que ingresan de forma ilegal.
En 2025, el Ministerio de Justicia de la provincia informó que se secuestraron 1.525 teléfonos celulares ilegales dentro de las cárceles. De ese total, 1.366 fueron detectados durante requisas de rutina y otros 159 fueron incautados por orden judicial.
Proyecto para normalizar las cárceles
El proyecto plantea que las comunicaciones de los internos se realicen únicamente a través de dispositivos controlados por el Servicio Penitenciario y que cada preso tenga un máximo de dos horas diarias de comunicación.
Además, establece que los teléfonos no podrán quedar bajo libre disponibilidad de los detenidos y que las unidades penitenciarias deberán instalar sistemas de bloqueo e inhibición de señal para evitar el uso de celulares en los pabellones.
Los argumentos detrás de la iniciativa
En los fundamentos del proyecto, Liberman sostiene que el Estado tiene la obligación de garantizar que las cárceles no se conviertan en centros desde donde se continúe cometiendo delitos.
“El Artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias ‘para seguridad y no para el castigo de los reos’. Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, señala el legislador.
La jueza Arroyo Salgado también respaldó la necesidad de revisar el uso de dispositivos móviles en las cárceles.
“Lo analizamos, hicimos algunas observaciones y coincidimos en la necesidad urgente de poner un límite a esta situación”, afirmó.
En un pedido formal a las autoridades judiciales y al Ministerio de Justicia bonaerense, la magistrada advirtió que “la disponibilidad y el uso no controlado de dispositivos electrónicos en contextos de encierro ha facilitado la planificación, coordinación y ejecución de ilícitos de extrema gravedad”.
Un debate abierto
Pese a las críticas al sistema actual, dentro del gobierno bonaerense admiten que eliminar los celulares de manera inmediata podría generar tensiones dentro de los penales.
“No se puede entrar un día a los penales y dejar a 50.000 presos sin el celular con el que se comunican con sus familias. Es materialmente imposible. Nos prenden fuego todo. Un motín tras otro”, explicó una fuente provincial.
Mientras el proyecto comienza a discutirse en la Legislatura, el caso de Rodrigo Gómez volvió a poner sobre la mesa un problema que preocupa tanto a la Justicia como a la política: el uso de las cárceles como base de operaciones para delitos que se ejecutan con total impunidad.
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