Negociaciones en el Congreso
Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por volver al expediente anterior para no demorar el debate en el recinto y evitar un nuevo freno legislativo. Desde el oficialismo admiten que la diferencia en la edad de imputabilidad fue determinante y que el cambio busca ordenar el frente político para garantizar los votos necesarios.
De todos modos, se espera que en las próximas horas el Gobierno envíe a Diputados una nueva versión del proyecto, que contemple el piso de 14 años y reincorpore la previsión presupuestaria. El texto retirado incluía partidas destinadas a la Defensoría General de la Nación y al Ministerio de Justicia, con el objetivo de asegurar recursos para la puesta en marcha del régimen penal juvenil.
La discusión sobre el financiamiento no es menor. Uno de los principales cuestionamientos que recibió la iniciativa en debates anteriores fue la falta de precisiones sobre cómo se solventaría su implementación. La nueva redacción buscaría saldar ese punto, incorporando de manera explícita los fondos necesarios para el funcionamiento del sistema.
Con este esquema, el oficialismo apuesta a sostener el debate parlamentario sin dilaciones, aun cuando el proyecto definitivo todavía no haya sido formalmente ingresado. La estrategia es clara: avanzar con el tratamiento legislativo mientras se terminan de ajustar los detalles políticos y técnicos del texto final.
La combinación de la Reforma Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur–Unión Europea en la agenda legislativa anticipa una semana intensa en Diputados, con debates que prometen cruces fuertes y negociaciones contrarreloj. El desenlace dependerá, en buena medida, de la capacidad del Gobierno para ordenar consensos y evitar que las diferencias internas vuelvan a trabar iniciativas clave.
La convocatoria enviada a los diputados:
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