“Todos presos, muertos o exiliados”,
“Al kirchnerismo, cárcel o bala”,
“No se quieren ir? Los vamos a sacar”.
En varias marchas —una de ellas frente a la Casa Rosada— los acusados portaban antorchas y una guillotina de utilería, símbolos que, para la Justicia, formaban parte de una puesta en escena “intimidatoria”.
Uno de los episodios más graves involucra a Morel, señalado como uno de los fundadores del grupo, quien habría amenazado directamente al entonces ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi. Según la denuncia, el 4 de julio de 2022 le gritó:
“Traidor a la patria, te vamos a prender fuego. Vamos a matarlos uno por uno”.
Morel también fue acusado de intimidar a las legisladoras porteñas Maia Daer y Claudia Neira, así como al periodista Víctor Hugo Morales.
Contexto y vínculos
Las acciones del grupo coincidieron con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022. Si bien la Justicia descartó una conexión directa entre Revolución Federal y los autores del atentado, en los grupos internos del colectivo aparecieron mensajes que celebraban o alentaban ataques contra la ex presidenta.
Morel, Sosa, Guerra y Basile fueron detenidos en octubre de ese año y liberados una semana después. Desde entonces, la fiscalía avanzó en la recolección de pruebas que incluyeron publicaciones, videos y testimonios.
El pedido del fiscal
Pollicita solicitó que los cinco acusados sean juzgados por incitación a la violencia colectiva, delito que prevé penas de entre tres y seis años de prisión. Además, pidió que Morel y Sosa sean procesados también por amenazas simples, con penas que van de seis meses a dos años.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver ahora si eleva la causa a juicio oral, una decisión que podría marcar el primer gran proceso judicial contra un grupo organizado que promovió la violencia política durante los años más duros de polarización en la Argentina reciente.
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