Bausili sostuvo que buena parte de la lógica que pretende institucionalizar la reforma ya forma parte del funcionamiento actual de la entidad y buscó quitarle dramatismo al cambio.
“No es ninguna idea revolucionaria ni experimento”, planteó durante su presentación.
Pero detrás de las reuniones informativas también empieza a correr el calendario político. La intención del oficialismo es avanzar rápidamente con el tratamiento en comisión y conseguir un dictamen antes de la última semana de agosto.
El horizonte que se maneja es el miércoles 26 de agosto, fecha prevista para intentar convocar a una sesión especial. Para llegar a esa instancia, el Gobierno necesitará primero construir los acuerdos necesarios dentro de las comisiones y luego reunir los votos en el recinto.
Qué quiere cambiar Milei en el Banco Central
El corazón de la reforma está directamente relacionado con una de las principales banderas económicas que Javier Milei defendió incluso antes de llegar a la Casa Rosada: impedir que el Banco Central pueda ser utilizado para financiar el gasto público.
El proyecto propone establecer como misión primordial de la entidad la preservación del valor de la moneda nacional.
De esta manera, quedarían atrás los objetivos múltiples incorporados a la Carta Orgánica en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner y cuando Mercedes Marcó del Pont estaba al frente de la autoridad monetaria.
La modificación no es solamente semántica. Busca redefinir qué puede hacer el Banco Central y, sobre todo, qué ya no debería poder hacer independientemente del gobierno de turno.
Uno de los puntos centrales es la eliminación de los adelantos transitorios, una herramienta mediante la cual el BCRA puede financiar al Tesoro.
La propuesta también establece que la entidad no podrá otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires ni los municipios. A eso se suma la prohibición de adquirir títulos públicos emitidos por el Estado nacional al momento de su colocación.
En términos prácticos, el Gobierno pretende colocar límites legales mucho más duros a la posibilidad de recurrir al Banco Central para cubrir necesidades fiscales.
Más independencia y menos poder para el Ejecutivo
Otro capítulo importante de la reforma apunta directamente a la relación entre el Banco Central y el poder político.
El proyecto endurece las condiciones necesarias para remover al presidente y a los integrantes del Directorio del organismo. Para avanzar con una destitución deberán existir causales específicas y, además, será necesaria la aprobación de ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
El cambio busca dificultar que una administración pueda reemplazar a las autoridades monetarias simplemente por diferencias políticas o económicas y pretende darle al BCRA un mayor grado de autonomía frente a la Casa Rosada.
En esa misma dirección aparece otra modificación: el ministro de Economía dejaría de tener la posibilidad de participar con voz en las reuniones del Directorio del Banco Central.
La discusión recién comienza, pero el objetivo político del Gobierno está claro. Milei quiere que varias de las restricciones que hoy forman parte de su política económica queden escritas en la propia Carta Orgánica del BCRA, de manera que volver a utilizar la emisión monetaria o el financiamiento del Central como herramienta del Tesoro resulte mucho más difícil para futuras administraciones.
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