"Persisten formas de control social violento, estigmatizante y discriminatorio por parte de agentes estatales, amparados en una legislación que habilita esas intervenciones", señaló.
Montenegro recordó que propuestas similares fueron presentadas en 2021 y 2023, aunque perdieron estado parlamentario. En esta oportunidad, el bloque vuelve a insistir con la derogación de la norma contravencional, respaldándose en estadísticas del Ministerio Público Fiscal de CABA. Según esos datos, la oferta y demanda de sexo en espacios públicos figura entre las 10 contravenciones más comunes en la ciudad, lo que indicaría —según el proyecto— una aplicación persistente y sistemática por parte de las fuerzas policiales.
¿Convivencia o criminalización?
El eje del debate gira en torno a los criterios con los que se define lo que afecta a la “tranquilidad pública”. Para los impulsores de la modificación, la norma actual se basa en presunciones más que en daños concretos a la convivencia.
“Cualquier restricción a las libertades individuales debe estar basada en un daño comprobable, debe ser proporcional al fin que se persigue y adecuada al contexto social. Este no es el caso”, argumentó la legisladora.
Desde su perspectiva, mantener en pie el artículo 86 implica convalidar una “gran restricción a la libertad personal” sin resultados comprobables en términos de orden público o seguridad ciudadana. “Nos enfrentamos a una norma de dudosa eficacia que, sin embargo, genera un impacto profundo sobre personas que ya sufren múltiples formas de exclusión. Por eso pedimos su derogación”, concluyó.
Un debate que se reactiva
El proyecto reabre una discusión postergada sobre el trabajo sexual y el rol del Estado en su regulación. Mientras en algunos sectores se plantea avanzar hacia un enfoque de reconocimiento y derechos laborales, otros insisten en la necesidad de medidas que eviten la trata o la explotación. En el caso específico de esta iniciativa, el foco está puesto en eliminar una norma que, según sostienen, lejos de proteger a las personas, las expone aún más a situaciones de abuso y criminalización.
Por el momento, el texto será debatido en comisiones, pero sus impulsores esperan que esta vez sí prospere. “Este es un paso más hacia una legislación que no castigue la pobreza ni las identidades disidentes, y que reconozca que la protección de derechos empieza por dejar de perseguir”, afirman desde el bloque de UP.
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