- Sus designaciones y licencias en la UNLaM y la UBA.
- Los recibos de sueldo percibidos entre 2024 y 2025.
- Copias de los dictámenes legales previos a su nombramiento como subsecretario.
- La intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) en la verificación de incompatibilidades.
Los diputados también pidieron que se informe si Álvarez presentó sus declaraciones juradas patrimoniales actualizadas, y si éstas incluyen todos sus cargos docentes o administrativos.
Su cargos en el Gobierno y las posibles incompatibilidades
La presentación recuerda que la normativa vigente prohíbe acumular cargos públicos remunerados, salvo excepciones muy específicas —como el ejercicio de la docencia— y siempre que no haya superposición de horarios ni se exceda el límite máximo de horas laborales diarias.
Además, cita el artículo 24 de la Ley de Ministerios, que obliga a los funcionarios con rango de secretario o subsecretario a abstenerse de realizar cualquier otra actividad pública o privada, salvo la docencia, “siempre que se cumplan las condiciones de compatibilidad horaria”.
“La eventual superposición de funciones y la percepción simultánea de haberes públicos podría vulnerar los principios de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N° 25.188)”, advierte el texto.
Qué buscan los diputados
Desde el bloque socialista sostienen que este tipo de situaciones deben investigarse de oficio para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. “Queremos saber si el funcionario cumple con la ley y con los estándares éticos que se exigen a cualquier integrante del Gobierno”, expresó Paulón.
La sospecha de incompatibilidades en el caso de Álvarez se suma a otros episodios recientes que pusieron bajo la lupa la gestión de algunos funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Los legisladores reclaman que el Gobierno aporte información clara y verificable para “evitar cualquier sospecha de privilegio o doble sueldo”.
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