Una reforma de salud mental que promete discusión
El proyecto está siendo analizado por un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General, encabezadas por las oficialistas Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez.
Pero el debate comenzó antes de las conversaciones con las provincias. Por el Senado ya pasaron funcionarios nacionales y más de 70 invitados propuestos por los diferentes bloques políticos, entre especialistas, organizaciones de la sociedad civil, familiares de pacientes, asociaciones profesionales, trabajadores del sector y representantes provinciales.
La intención del oficialismo es revisar distintos aspectos del sistema actual, particularmente aquellos que —según sostienen sus impulsores— dificultan una intervención adecuada frente a determinadas situaciones de gravedad.
“Estamos dando un paso fundamental. Este debate responde a una realidad que vemos todos los días: familias que no encuentran respuestas en la ley actual. Queremos una normativa que acompañe, que intervenga a tiempo y que no abandone”, sostuvo Márquez durante la discusión.
Qué pasará con las internaciones involuntarias
Uno de los capítulos que seguramente concentrará buena parte del debate es el de las internaciones sin consentimiento del paciente.
La propuesta establece que deberán contar con la firma de dos profesionales del servicio asistencial. Uno de ellos tendrá que ser médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría.
Al mismo tiempo, se fija como criterio para avanzar con una internación involuntaria la existencia de un riesgo grave para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.
Se trata de uno de los puntos más sensibles de cualquier modificación de la legislación vigente: cómo encontrar un equilibrio entre la autonomía y los derechos de una persona con un padecimiento mental y la posibilidad de intervenir frente a situaciones que pueden representar un peligro concreto.
Las adicciones entran de lleno en la discusión
Otro cambio relevante pasa por el tratamiento del consumo problemático de sustancias, que quedaría expresamente integrado al abordaje de la salud mental.
El proyecto contempla acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria y busca establecer parámetros mínimos para todo el territorio nacional.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán, a partir de ese piso federal, adoptar regulaciones que amplíen la protección prevista por la normativa.
Desde el oficialismo sostienen que incluso la forma de definir el problema resulta determinante. Márquez planteó durante el debate que no puede hablarse indistintamente de “consumo social”, “uso”, “abuso” o “adicción”, porque se trata de situaciones diferentes que requieren respuestas específicas.
Qué cambia para los pacientes y sus familias
La reforma también apunta a darle mayor participación al entorno de las personas bajo tratamiento.
En caso de una internación, la eventual alta deberá comunicarse con una anticipación razonable al representante legal, cónyuge, conviviente o familiares contemplados por la normativa. La intención es que el egreso pueda organizarse previamente y que la persona no abandone una institución sin condiciones mínimas para continuar su recuperación.
Los familiares tendrán, además, derecho a recibir información y orientación sobre el tratamiento.
¿Y qué ocurre cuando una persona no tiene familiares que puedan acompañarla? El proyecto establece que, en esos casos, será el Estado el que deberá garantizar los dispositivos y apoyos comunitarios necesarios.
La propuesta también incorpora la posibilidad de que una persona deje expresada anticipadamente su decisión de aceptar o rechazar determinados tratamientos.
La atención continuará bajo un criterio interdisciplinario, aunque la conformación de los equipos podrá adecuarse a la disponibilidad de profesionales en cada jurisdicción. Además, se incorpora la teleconsulta como una herramienta para ampliar la cobertura, especialmente en zonas donde el acceso a especialistas es más limitado.
Seguimiento después del alta
La salida de una institución tampoco necesariamente marcará el final de la intervención.
El texto contempla medidas de acompañamiento que podrían extenderse hasta seis meses después del alta, a través de tratamientos ambulatorios.
Durante ese período se prevé un seguimiento judicial cada 30 días. El equipo encargado del paciente deberá informar periódicamente al juez para determinar si las medidas continúan siendo necesarias, deben modificarse o pueden finalizar.
La idea es evitar que una persona que atravesó una situación grave quede librada a su suerte inmediatamente después de abandonar una internación, uno de los reclamos que suelen aparecer entre familiares de pacientes.
Un apartado especial para menores de edad
La reforma dedica además un capítulo específico a niños, niñas y adolescentes con consumos problemáticos.
Los tratamientos deberán estar a cargo de profesionales capacitados en atención infantojuvenil y desarrollarse en dispositivos diferenciados de aquellos destinados a adultos. La internación de menores en establecimientos para mayores quedará restringida.
También se incorporan principios como la autonomía progresiva, el derecho del menor a ser escuchado, la confidencialidad, el abordaje familiar y la no criminalización.
A su vez, se prevén mecanismos de coordinación entre los organismos nacionales vinculados a niñez y las autoridades provinciales para intentar establecer una respuesta articulada.
Bullrich sale a buscar los votos
Más allá de la discusión sanitaria, el proyecto abre ahora una negociación política.
La Libertad Avanza necesita construir acuerdos para avanzar con una reforma que toca cuestiones especialmente sensibles y sobre las que existen posiciones muy diferentes dentro del propio sistema de salud.
Por eso Bullrich decidió llevar la discusión directamente a las provincias antes de acelerar el trámite parlamentario.
El oficialismo apuesta a presentar la iniciativa como una respuesta a situaciones que, según argumenta, la legislación actual no logra resolver adecuadamente, especialmente cuando existen cuadros graves, adicciones o familias que aseguran no contar con herramientas suficientes para intervenir.
Del otro lado, el desafío será demostrar que una flexibilización de determinados mecanismos de intervención no termine debilitando las garantías y derechos que la legislación vigente buscó proteger.
Con las reuniones provinciales en marcha y el debate abierto en comisión, la reforma de la Ley de Salud Mental comienza así a convertirse en una de las discusiones sensibles que atravesarán al Senado. Y Bullrich, encargada de salir a buscar los apoyos, tendrá ahora que transformar las conversaciones con gobernadores, ministros y bloques opositores en los votos necesarios para llevarla al recinto.
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