Esa norma consensuada con el Poder Ejecutivo Nacional disponía la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes. Esto permitirá la urbanización de las villas de emergencia donde habitan 3,5 millones de argentinos y era una apuesta fuerte de Cambiemos para aumentar su base de sustento político.
El proyecto contó incluso con el apoyo del titular de la Ctep, Juan Grabois, que llegó a reunirse con Massot antes de que se aprobara la Ley. De hecho, Grabois ‘militó’ en el kirchnerismo por esa ley: "es importante explicarle a la oposición" que el proyecto "no es una engaña pichanga del gobierno", dijo en 2018 contra las críticas que le cayeron desde el Frente para la Victoria por su acercamiento al Gobierno.
A través del Decreto 819/2019, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social aprobaron la reglamentación del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.
De acuerdo al primer Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que el Estado inició en 2016 junto con organizaciones sociales, se contabilizaron más de 4.400 villas y asentamientos en todo el país.
De acuerdo al detalle del decreto, los bienes fideicomitidos se destinarán a la urbanización e integración socio urbana de los asentamientos y barrios populares; el otorgamiento de créditos, subsidios y soluciones habitacionales; y el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas.
El Fondo podrá emitir "valores fiduciarios de deuda" en el mercado de capitales.
En ese sentido, se aclaró que "en ningún caso constituyen ni serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están afectados, ni el modo u oportunidad en que se realice".