La gestión de Hacemos por Córdoba tiene una histórica relación de protección con el campo, y los productores agropecuarios son quienes explotan la industria del biocombustible, ya que para producir lo mencionado, se utilizan desechos de cosechas y otros productos primarios. Esto, sumado a la lejanía que se ha instalado en los últimos meses entre los gobiernos de Juan Schiaretti y Alberto Fernández, explicaría a las claras el porqué de una postura protesta y cruces contra la posición del Frente de Todos, que parece querer retrasar la sesión en favor de las petroleras.
Incluso algunos funcionarios de la gestión del PJ cordobés han acusado al Frente de Todos de “dar lugar al lobby de las petroleras”. Esto hace resaltar al schiarettismo, entre otros peronismos que también tienen interés en una prórroga de la ley de promoción de los biocombustibles de manera inmediata, como Santa Fe.
Si bien el gobierno de Omar Perotti cuenta con tantos o más argumentos que el gobierno cordobés para reclamarle a Fernández el cumplimiento de una de sus promesas, el énfasis de los reclamos ha sido encarnado por los legisladores cordobeses. Y eso sucede porque el reclamo por los biocombustibles se ha transformado en una nueva arista de negociación que le abre el diálogo a la Rosada con el Panal cordobés.
Durante parte del 2020, Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos celebraron una relación estrecha de intercambio legislativo, por la cual el schiarettismo prestaba quórum en la Cámara baja del Congreso a ciertos proyectos K, mientras que la Casa Rosada brindaba apoyo económico de manera constante. Todo ello estaba sustentado en una necesidad mutua que dejó de serlo cuando Córdoba logró reestructurar su deuda en dólares a finales del 2020.
A partir de ese momento, el gobierno de Schiaretti comenzó a tomar distancia de los pares kirchneristas, y volvió a la reivindicación del “modelo cordobés”, que tanto éxito electoral le ha dado en esa provincia. Sin embargo, la lejanía que alcanzó su punto más alto con los biocombustibles, puede leerse también como una nueva oportunidad para el Frente de Todos de volver al juego con el bloque schiarettista.
Durante el fracaso legislativo del jueves pasado (25/3), Córdoba Federal dejó en evidencia la dificultad de poder encarar una avanzada en la Cámara baja sin el aval del presidente de ese cuerpo, y por ende del FdT. Esto pondría a los schiarettistas en una posición de franca negociación, sin más opción que abrir el diálogo para encontrar una solución.
Y ese diálogo debería darse nada más y nada menos que con la parte más profunda del kirchnerismo: Máximo Kirchner, y su madre, Cristina Kirchner. Al parecer, por ellos corre el inicio de la política de no atender el asunto de los biocombustibles.
Su origen y correspondencia con las provincias petroleras es al menos un indicador lógico de lo dicho. Con ello, Schiaretti deberá mostrarse dispuesto a negociar con figuras que, según su entorno, no soporta.
No hay que olvidar que el Frente de Todos ve en Hacemos por Córdoba un aliado fundamental pero difícil de convencer. Estratégicamente, el Gobierno nacional necesita del quórum cordobés para lograr la reforma judicial que asista a los intereses propios.
Mientras tanto, el enojo cordobés crece día a día, ya que los biocombustibles eran parte del “trato”, entre otros tantos temas, a la hora de negociar quórum en el pasado. Por ende, desde el espacio estarían considerando una “falta de palabra”, sobre todo de Alberto Fernández.
Actualmente, el kirchnerismo está diagramando una nueva ley que sería más beneficiosa para las petroleras, algo en lo que Hacemos por Córdoba no parece estar dispuesto a ceder, ya que aboga por la urgencia de una nueva medida (una nueva ley llevaría meses de espera, mientras las petroleras dejarían de invertir en el biocombustible). Un dato no menor es que YPF, la deficitaria petrolera estatal, acapara el más del 50% de la producción de biocombustibles producto de la ley sancionada en 2006, e impulsada por Néstor Kirchner.
Quedará por verse si la diferencia por los biocombustibles entre el gobierno cordobés y la Casa Rosada incrementa la distancia entre ambas gestiones, en una relación que fue resaltada como “institucionalmente correcta” pero que guarda lugar para las críticas explícitas (el senador Carlos Caserio es un explicito crítico de la gestión schiarettista), o si resulta en un efecto contrario por obligación.
