En ese sentido, fuentes oficiales admiten que aplicarán la ley “por goteo”, una expresión que sintetiza la estrategia: cumplir con la orden judicial, pero de forma gradual para evitar una expansión permanente del gasto.
El corazón del conflicto por las universidades
El punto más sensible está en los artículos 5 y 6 de la ley. Allí se establece que el Gobierno debe actualizar los salarios universitarios —docentes y no docentes— desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, en un porcentaje que no sea inferior a la inflación acumulada en ese período.
Además, la ley obliga a recomponer los programas de becas estudiantiles según la variación del índice de precios al consumidor (IPC) y prevé partidas específicas para investigación, junto con mecanismos de adecuación presupuestaria para garantizar su cumplimiento.
Es justamente ese esquema el que el Gobierno cuestiona por su impacto fiscal. En el oficialismo sostienen que la aplicación plena de la norma implica un costo que buscan administrar en el tiempo.
Un antecedente que explica la tensión
La disputa no es nueva. Cuando el Ejecutivo promulgó la ley, lo hizo en simultáneo con el decreto 759/2025, con el que intentó frenar su implementación bajo el argumento de que primero debían definirse las fuentes de financiamiento.
Ese planteo fue ahora objetado por la Justicia, que ratificó la vigencia de la norma y ordenó su cumplimiento.
La estrategia política: cambiar la ley
En paralelo al frente judicial, el Gobierno ya proyecta una salida legislativa. La idea no es derogar la ley vigente, sino modificarla.
El oficialismo trabaja en un nuevo proyecto que reemplazaría el esquema actual de actualización automática por otro más limitado. Según anticipan, esa iniciativa ya había comenzado a tomar forma en febrero, cuando en el oficialismo aseguraban contar con los votos necesarios para avanzar con una nueva normativa.
El modelo que miran en la Casa Rosada
En Balcarce 50 también analizan antecedentes recientes. Uno de los casos que toman como referencia es la Ley de Emergencia en Discapacidad, que finalmente fue reglamentada por decreto tras semanas de tensión judicial y administrativa.
Ese esquema podría replicarse en el caso universitario. Por eso, en el Gobierno no descartan avanzar con una reglamentación propia que les permita cumplir parcialmente con la ley sin resignar su postura política de fondo.
Así, entre apelaciones, cumplimiento gradual y posibles cambios legislativos, el conflicto por el financiamiento universitario sigue abierto y promete escalar en los próximos meses.
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