El proyecto retirado contemplaba un presupuesto superior a los 23 mil millones de pesos. De ese total, más de 20 mil millones estaban destinados a la Defensoría General y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia. La inclusión de estos fondos busca responder a uno de los principales cuestionamientos que había recibido el dictamen previo: la falta de previsión realista sobre los recursos necesarios para poner en marcha el sistema.
En contraste, el texto que había obtenido dictamen en 2025 establecía que los gastos derivados de la ley se cubrirían con las partidas que se incluyeran en los presupuestos de cada ejercicio, dejando en manos del jefe de Gabinete la reasignación de fondos una vez sancionada la norma. Esa formulación fue señalada por distintos bloques como insuficiente y poco precisa.
Desde el oficialismo explicaron que el retiro del proyecto original obedeció a cuestiones administrativas y aclararon que sigue vigente el dictamen aprobado en 2024, al que ahora se le sumarían las partidas presupuestarias detalladas en la nueva redacción. En la práctica, se trata de una estrategia para conservar el trabajo legislativo previo y, al mismo tiempo, corregir los puntos que dificultaban su avance.
La decisión de aceptar el piso de 14 años también apunta a reducir tensiones con sectores aliados y a ordenar el debate en el recinto. Si bien dentro del oficialismo existen posturas más duras en materia penal, el Gobierno optó por priorizar el acuerdo político para evitar que la discusión vuelva a quedar trabada.
Con este movimiento, la Casa Rosada apuesta a reactivar una discusión sensible, que cruza seguridad, justicia y política criminal, y que promete volver a generar fuertes cruces en el Congreso. El desenlace dependerá ahora de si el nuevo texto logra sostener el equilibrio entre el consenso parlamentario y la línea discursiva que el Gobierno viene impulsando en materia de seguridad.
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