Lo cierto es que la iniciativa no fue bien recibida por buena parte de la oposición y a las críticas por parte de distintos dirigentes políticos se le sumó en las últimas horas la de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que mostró toda su preocupación al respecto y advirtió que la instauración de este tipo de prácticas de vigilancia desde el Estado “conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento”.
En un comunicado titulado, “Monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión”, la entidad señaló que que “una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital”, pero otra muy distinta es cuando provienen de organismos públicos “que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de observación como una suerte de censura indirecta.
En ese sentido, Adepa advirtió que "proyectos similares que tuvieron lugar en la década pasada, la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover".
Asimismo, indicó que "la propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello".
En la presentación de la iniciativa, se señaló que el observatorio trabajará “en la detección y verificación de la información, en la identificación y desarticulación de estrategias argumentativas, la identificación de las operaciones de difusión y los sistemas de alertas”, entre otras acciones con el objetivo de proteger a la ciudadanía comunicacional de este tipo de informaciones. Lewin, quien encabezó e acto, sostuvo que “insultar a quien piensa distinto, cancelar a quien es diferente, descalificar, agredir y no argumentar, bloquea el diálogo y vulnera derechos. Construir con falsedades noticias que apelan a la emocionalidad y fortalecen prejuicios que fomentan la intolerancia es poner en riesgo la convivencia democrática”.
Y agregó que “el discurso del odio, la desinformación y las noticias maliciosas promueven la polarización social y la violencia colectiva, avasallan el derecho a estar informado, degradan el debate público y amenazan la democracia”.
