Qué cambia la ley
El proyecto propone modificaciones en los artículos 117, 245 y 275 del Código Penal.
En concreto, establece que quien realice una falsa denuncia podría recibir una pena de entre uno y tres años de prisión. Pero en casos vinculados a delitos de violencia de género, contra menores o contra la integridad sexual, la condena se elevaría de tres a seis años.
También se endurecen las sanciones por falso testimonio. El artículo 275 pasaría a contemplar penas de uno a cuatro años de prisión para testigos, peritos o intérpretes que mientan o oculten información ante la Justicia.
Además, se incorporan agravantes para situaciones en las que se difundan datos falsos o injurias a través de medios de comunicación o redes sociales, especialmente en temas sensibles como abuso, acoso o violencia contra niños y adolescentes.
El impacto de las falsas denuncias
Desde el entorno de la senadora advierten que este tipo de delitos no solo afectan a las personas acusadas, sino también al sistema judicial.
La falsa denuncia es un delito doloso que implica acusar a alguien sin pruebas ante una autoridad. Sus consecuencias pueden ser graves: desde daños a la reputación hasta la pérdida de vínculos familiares, empleo y exposición pública.
“Es vergonzoso que alguien le mienta a la Justicia de esa manera; no queda otra que pensar que hay un gran negocio detrás”, afirmó Losada, al referirse al aumento de denuncias en conflictos familiares.
Casos que impulsaron el debate
Para fundamentar la iniciativa, la legisladora citó casos concretos que marcaron la discusión pública.
Uno de ellos es el de Agustín Muñoz, un joven de Río Negro acusado falsamente de abuso sexual por una amiga. En 2018, se quitó la vida tras atravesar una profunda crisis emocional.
Otro caso es el del médico obstetra Pablo Ghisoni, quien pasó tres años detenido por una denuncia falsa realizada por su hijo, quien luego confesó haber sido manipulado por su madre. En 2025, la Suprema Corte bonaerense lo absolvió.
“La historia de Pablo es terrible. Su absolución llegó después de años de sufrimiento que nadie debería atravesar”, expresó Losada. Y concluyó:
“Necesitamos que este año todos los senadores acompañen para que sea ley el aumento de penas”.
Con respaldo político y nuevos casos en el centro de la escena, el proyecto vuelve a instalar un debate sensible: cómo equilibrar la protección de las víctimas con sanciones más severas para quienes utilicen el sistema judicial de forma indebida.
El desafío ahora será lograr los consensos necesarios para que la iniciativa avance y no vuelva a quedar frenada en el Congreso.
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