Según consta en la denuncia, al acceder al sistema apareció un aviso que indicaba que la plataforma estaba atravesando un proceso de actualización. Posteriormente, se solicitó el ingreso del token de seguridad, un código utilizado para validar operaciones bancarias.
La trabajadora introdujo la clave solicitada, pero la sesión se cerró inesperadamente.
Cuando intentó ingresar nuevamente, descubrió que se habían efectuado dos transferencias hacia cuentas de terceros que no habían sido autorizadas por el municipio.
El hallazgo provocó una reacción inmediata. La intendenta Cabral y la tesorera acudieron a la sucursal local del Banco de La Pampa para verificar los movimientos y solicitar medidas de seguridad.
Allí se confirmó la existencia de las operaciones denunciadas y se avanzó con el bloqueo de las cuentas involucradas.
Por el momento, no trascendió públicamente el monto exacto del dinero sustraído ni se determinó cómo los responsables consiguieron concretar las transferencias.
La intendenta tuvo que dar explicaciones a los empleados por los sueldos
Con los fondos salariales comprometidos y la fecha de pago cada vez más cerca, Cabral convocó al personal municipal para informar lo ocurrido y explicar por qué los haberes no podrían depositarse en el plazo habitual.
La jefa comunal, perteneciente al peronismo, también comunicó que se encontraban realizando gestiones ante las autoridades provinciales para resolver la situación.
Mientras tanto, la Municipalidad espera una respuesta del Banco de La Pampa que permita esclarecer las circunstancias en las que se ejecutaron las transferencias.
La denuncia fue presentada ante la Comisaría de Santa Isabel, perteneciente a la Unidad Regional IV de la Policía provincial, y se aguarda la intervención de especialistas del área de Ciberdelitos para investigar el mecanismo utilizado.
Una de las cuestiones centrales será establecer si los delincuentes utilizaron algún sistema de suplantación de identidad o una plataforma falsa para obtener las credenciales bancarias. Por ahora, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.
Un municipio que ya había tenido problemas para pagar los sueldos
El episodio adquiere una dimensión todavía más delicada por los antecedentes recientes de Santa Isabel, donde las dificultades para cumplir con las obligaciones salariales ya habían provocado una crisis institucional.
En junio de este año, el entonces intendente Guillermo Farana fue destituido por el Concejo Deliberante, en medio de acusaciones por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público e irregularidades administrativas y financieras.
Uno de los principales factores que profundizaron el conflicto fue, precisamente, la imposibilidad de garantizar el pago de los salarios municipales.
En aquel momento, la administración local había atribuido parte de sus dificultades económicas al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
Tras la destitución de Farana, Cabral, quien ya se encontraba ejerciendo interinamente la conducción del municipio durante la suspensión del jefe comunal, quedó formalmente al frente de la administración.
Ahora, apenas unos meses después de aquella crisis, Santa Isabel vuelve a enfrentar problemas para pagar los haberes de sus trabajadores, aunque esta vez por una causa diferente: una presunta estafa bancaria que se encuentra bajo investigación.
El caso también abre interrogantes sobre las medidas de seguridad utilizadas para administrar fondos públicos mediante plataformas digitales y sobre las responsabilidades que podrían surgir si se comprueban fallas en los mecanismos de protección de las cuentas municipales.
Por lo pronto, la prioridad de las autoridades es garantizar que los empleados puedan cobrar sus salarios la próxima semana, mientras la investigación intenta determinar quiénes estuvieron detrás de las transferencias y si existe alguna posibilidad de recuperar el dinero.
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