Fuentes policiales indicaron que en los allanamientos se secuestraron 1,717 kilos de cocaína en formato piedra (más de medio kilo hallado específicamente en la vivienda de la funcionaria), además de 241 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, dinero en efectivo, celulares y documentación considerada clave para la causa.
También encontraron un revólver calibre 32, un cargador calibre 22 y decenas de municiones.
La denuncia a la funcionaria que inició la investigación
La causa comenzó en marzo a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre posibles maniobras de narcomenudeo en una vivienda ubicada en la localidad de Castelar.
Vecinos de la zona aseguraron que desde hacía meses observaban movimientos sospechosos en el domicilio de las calles Isabel Pardo y Presidente Ortiz, donde residía Ortigoza. Según relataron, era frecuente la llegada constante de autos y motos durante distintos horarios del día.
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 de Morón. Con el avance de las tareas de inteligencia, la Policía Federal determinó que la organización operaba mediante un sistema de distribución tipo “delivery”, en el que uno de los implicados almacenaba la droga mientras otro se encargaba de repartirla en motocicleta.
Los investigadores también detectaron que los sospechosos cambiaban de manera frecuente los puntos de venta entre distintas viviendas de Castelar para evitar levantar sospechas y dificultar el seguimiento policial.
Cómo fueron los operativos
A partir de las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la jueza Laura Pinto, autorizó los allanamientos simultáneos.
Los procedimientos se realizaron en propiedades ubicadas sobre las calles Isabel Pardo, Pasaje Florit, Gogliati, Miró, 14 de Julio y Presidente Ortiz, en Castelar, además de otro domicilio en la calle Zavaleta, en Merlo.
Ahora la Justicia intenta determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si existía una estructura organizada de comercialización de estupefacientes en la zona.
La reacción de Lucas Ghi tras el escándalo
Tras conocerse el caso, el intendente de Lucas Ghi aseguró sentirse “defraudado” y confirmó que el municipio decidió desvincular inmediatamente a la funcionaria.
“Cuando vimos esta situación, que se nos informó por las propias autoridades policiales, no vacilamos un segundo en terminar todo tipo de vínculo que podía tener con el municipio”, sostuvo el jefe comunal.
Ghi explicó además que Ortigoza trabajaba desde la gestión anterior y afirmó que nunca había mostrado conductas sospechosas dentro de la estructura municipal.
“Nunca había dado muestras de faltar a lo que se espera de una funcionaria. Al menos en el ámbito laboral mostraba compromiso con la tarea y buen trato”, señaló.
El intendente también aclaró que no mantenía trato cotidiano con ella y buscó tomar distancia del caso. “Ahora lo importante es que la Justicia profundice la investigación, encuentre a esta persona y determine su responsabilidad”, concluyó.
Mientras tanto, la búsqueda de Ortigoza y de su pareja continúa activa y la causa avanza bajo la órbita judicial de Morón.
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