La senadora afirma que resulta especialmente grave que quienes integran el propio Estado utilicen un mecanismo que, según su interpretación, contradice compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción. Entre ellos menciona la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El documento también advierte que la adhesión de funcionarios públicos a este sistema podría tener efectos sobre investigaciones judiciales en curso relacionadas con delitos como lavado de activos, tráfico de influencias o hechos de corrupción.
En ese contexto, Di Tullio fue particularmente crítica con el Gobierno nacional y sostuvo que la norma terminó siendo utilizada de una manera distinta a la que originalmente se había presentado durante el debate legislativo.
Furia en la oposición: “No es simplificación tributaria, es impunidad”
Uno de los puntos más duros del proyecto apunta al artículo 40 de la ley vigente. Según la senadora, esa disposición no constituye una mera simplificación administrativa, sino que limita la capacidad del Estado para revisar situaciones patrimoniales del pasado.
En los fundamentos se sostiene que el mecanismo podría transformarse en una suerte de blindaje retroactivo para determinados contribuyentes y que, aplicado a funcionarios públicos bajo investigación, colisiona con principios básicos de igualdad ante la ley y transparencia institucional.
La legisladora remarca además que la ley fue aprobada sin que existiera una evaluación de impacto fiscal por parte de organismos especializados del Congreso o del Poder Ejecutivo, en un contexto de caída sostenida de la recaudación tributaria.
Un nuevo frente político
Mientras el Gobierno defiende el régimen como una herramienta destinada a facilitar la regularización fiscal y reducir cargas administrativas, desde Unión por la Patria consideran que el capítulo cuestionado debe ser eliminado para evitar posibles beneficios indebidos a funcionarios públicos y reforzar los mecanismos de control sobre la administración estatal.
Con esta iniciativa, el kirchnerismo busca instalar un debate sobre transparencia, rendición de cuentas y ética pública, en momentos en que la adhesión de funcionarios nacionales al régimen de inocencia fiscal se convirtió en uno de los temas más discutidos del escenario político argentino.
Según la propia Di Tullio, el objetivo final es impedir que existan mecanismos que puedan interpretarse como herramientas de protección para quienes ejercen funciones públicas y garantizar que las normas tributarias no se conviertan en una vía para limitar controles o investigaciones futuras.
Otro proyecto pero en Diputados
La ofensiva legislativa contra el régimen de Inocencia Fiscal no se limita al Senado. En la Cámara de Diputados también apareció una propuesta que apunta en la misma dirección, aunque con una estrategia diferente.
El diputado nacional Esteban Paulón también presentó un proyecto para impedir que funcionarios públicos y sus familiares directos puedan acceder al mecanismo de regularización fiscal impulsado por el Gobierno. La iniciativa surgió luego de la controversia generada por la inscripción de Betina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, al régimen, una situación que reabrió el debate sobre los alcances de la norma y su eventual utilización por parte de personas vinculadas al poder político.
A diferencia de la propuesta de Juliana Di Tullio, que plantea la derogación completa del capítulo de la ley que regula el régimen, el proyecto de Paulón busca mantener la herramienta pero excluyendo expresamente a quienes ocupen cargos públicos y a su entorno familiar más cercano.
El texto incorpora además una cláusula preventiva: la prohibición alcanzaría también a quienes hayan asumido funciones estatales hasta dos años después de haberse adherido al sistema, con el objetivo de evitar maniobras destinadas a regularizar patrimonios antes de ingresar a la administración pública.
Según el legislador santafesino, la normativa vigente podría convertirse en una vía para blanquear fondos provenientes de delitos vinculados a la corrupción o a la administración pública. Por ese motivo, propone incorporar restricciones específicas para funcionarios y personas políticamente expuestas, tomando como referencia estándares internacionales en materia de transparencia y prevención del lavado de activos.
De esta manera, tanto el proyecto impulsado por Di Tullio como el presentado por Paulón coinciden en un punto central: impedir que quienes ejercen responsabilidades públicas puedan beneficiarse de mecanismos de regularización fiscal que, según sostienen, podrían debilitar los controles sobre el origen de los fondos y afectar la confianza ciudadana en las instituciones.
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