La oposición habla de un “caballo de Troya”
Aunque prácticamente todo el arco político coincide en sostener el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas, las diferencias aparecen cuando se analiza el resto de las herramientas incorporadas en el proyecto.
Desde sectores opositores comenzaron a describir la iniciativa como una suerte de “caballo de Troya”: una ley presentada bajo el paraguas de Malvinas que, según cuestionan, introduce modificaciones que exceden ampliamente la disputa territorial con el Reino Unido.
Uno de los más duros fue el diputado de Unión por la Patria y exministro de Defensa Agustín Rossi.
“El proyecto sobre Malvinas es una trampa para modificar el sistema de Seguridad Nacional”, sostuvo Rossi en diálogo con TN, quien además calificó la iniciativa como una “ley ómnibus” debido a la cantidad de áreas y normas alcanzadas por el texto.
El cuestionamiento apunta particularmente a la creación del Consejo de Seguridad Nacional y a los cambios vinculados con las facultades del Estado frente a amenazas externas.
El proyecto también amplía los supuestos de actuación de las Fuerzas Armadas, incluyendo la protección de infraestructuras críticas y el control de espacios aéreos, marítimos, fluviales y lacustres. A su vez, incorpora figuras vinculadas con espionaje, interferencia extranjera en procesos electorales y campañas coordinadas de desinformación.
El Gobierno defiende su proyecto de Malvinas
En la Casa Rosada plantean exactamente lo contrario. El Ejecutivo sostiene que Argentina necesita un sistema coordinado que permita responder de manera conjunta frente a las amenazas actuales y argumenta que las herramientas utilizadas hasta ahora fueron insuficientes para defender los intereses nacionales en el Atlántico Sur.
Según explicó oficialmente Presidencia, el proyecto está construido sobre tres pilares: sancionar a quienes exploten ilegítimamente los recursos argentinos, generar incentivos para que abandonen esas actividades y darle al Estado nuevas herramientas para enfrentar amenazas externas.
El diputado libertario y exministro de Defensa Luis Petri salió a respaldar con fuerza la iniciativa y sostuvo que con el proyecto “la soberanía deja de declamarse y empieza a ejercerse”.
Petri destacó especialmente el endurecimiento de las penas económicas y penales contra quienes desarrollen actividades sin autorización argentina en la zona en disputa y defendió la creación del nuevo Consejo como una herramienta para coordinar la actuación del Estado.
El endurecimiento del régimen no es menor. La propuesta busca reemplazar el esquema establecido por la Ley 26.659 y ampliar las sanciones más allá de la actividad hidrocarburífera, alcanzando también la explotación de otros recursos naturales y a distintos actores vinculados con esas operaciones.
La oposición advierte sobre una concentración de poder
Las críticas no quedaron limitadas al peronismo.
El diputado Esteban Paulón también cuestionó duramente la iniciativa y sostuvo que el proyecto puede generar una concentración de atribuciones en materia de seguridad.
Según planteó, detrás de una causa que genera un amplio consenso social como Malvinas, el Ejecutivo intenta modificar el equilibrio existente entre seguridad interior, defensa y las facultades de los distintos poderes del Estado.
Paulón advirtió específicamente sobre la participación de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas, las nuevas atribuciones del Ejecutivo y el papel que tendrá el Consejo de Seguridad Nacional.
La discusión sobre este último organismo promete convertirse en uno de los puntos centrales del debate parlamentario.
El proyecto establece que estará encabezado por el Presidente y funcionará como órgano rector del nuevo Sistema de Seguridad Nacional, con capacidad para elaborar lineamientos generales y coordinar las políticas de las distintas áreas involucradas.
Una pelea que recién comienza
La iniciativa deberá atravesar ahora el debate en Diputados. En principio, se espera que intervengan las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Presupuesto y Hacienda, aunque el giro definitivo todavía debe formalizarse.
El tratamiento tendrá además un condimento político particular: entre quienes protagonizarán la discusión aparecen tres dirigentes que estuvieron al frente del Ministerio de Defensa. Luis Petri defenderá la iniciativa desde las filas libertarias, mientras que Jorge Taiana y Agustín Rossi tendrán un papel relevante desde la oposición peronista.
Unión por la Patria ya comenzó a analizar internamente el proyecto y el debate promete ser intenso.
El punto de partida parece mostrar un consenso difícil de romper: la reivindicación argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas. La disputa aparece en todo lo que el Gobierno decidió colocar alrededor de esa causa.
Mientras Milei sostiene que la Argentina necesita herramientas más contundentes para proteger sus recursos y responder a las nuevas amenazas, parte de la oposición sospecha que el Ejecutivo intenta aprovechar el amplio respaldo que genera Malvinas para aprobar una transformación mucho más profunda del sistema de seguridad y defensa.
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