La decisión de Capuchetti se produjo luego del pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, quien considera que los beneficiarios tuvieron participación en la utilización irregular de vacunas que, en aquel momento, constituían un recurso público escaso y estaban destinadas prioritariamente a determinados sectores de la población.
De beneficiarios a acusados
Ese es justamente el punto que abre una nueva dimensión en una causa que lleva años recorriendo los tribunales.
La imputación formulada por la Fiscalía es como partícipes del delito de peculado, figura penal vinculada con la apropiación o utilización indebida de bienes públicos por parte de funcionarios.
La hipótesis de Taiano es que quienes aceptaron las vacunas conocían que no integraban los grupos habilitados para recibirlas en ese momento y que, al hacerlo, colaboraron con el desvío de dosis que tenían otros destinatarios prioritarios.
“Los vacunados contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas”, sostuvo el fiscal al solicitar las indagatorias.
Según su planteo, la utilización de esas dosis terminó afectando la disponibilidad de un bien que entonces era limitado y cuya distribución estaba organizada mediante criterios sanitarios de prioridad.
La citación a indagatoria, vale aclararlo, no implica una condena. Una vez terminadas las declaraciones, Capuchetti deberá evaluar individualmente cada caso y decidir si corresponde dictar procesamientos, sobreseimientos o faltas de mérito.
El llamado de Verbitsky que destapó el escándalo
El Vacunatorio VIP explotó públicamente en febrero de 2021 y provocó una de las mayores crisis internas del gobierno de Alberto Fernández.
Una investigación periodística había comenzado a revelar la existencia de vacunaciones reservadas en dependencias del Ministerio de Salud y el Hospital Posadas para personas que no necesariamente estaban comprendidas entre quienes tenían prioridad.
Pero fue el propio Horacio Verbitsky quien terminó de encender la mecha al contar públicamente cómo había conseguido vacunarse.
“Llamé a mi viejo amigo Ginés González García”, relató entonces el periodista. Según explicó, inicialmente debía dirigirse al Hospital Posadas, pero finalmente recibió la vacuna en el propio Ministerio de Salud después de que un equipo de vacunadores fuera trasladado hasta allí.
La confesión tuvo consecuencias políticas inmediatas.
Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García, quien hasta ese momento se desempeñaba como ministro de Salud. Su salida marcó el comienzo de una investigación judicial que, cinco años después, todavía continúa sumando capítulos.
Funcionarios camino a juicio y ahora la lupa sobre los vacunados
La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuán y tuvo inicialmente como principales investigados a quienes habrían organizado y permitido las vacunaciones.
Ginés González García fue procesado, al igual que el entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa, el exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Maceira y Marcelo Guille, quien se desempeñaba como secretario privado del ministro.
González García murió en octubre de 2024, por lo que la acción penal en su contra quedó extinguida. Los restantes acusados de ese tramo fueron enviados a juicio oral.
Sin embargo, quedaba abierta una pregunta que atravesó el expediente desde sus comienzos: ¿qué responsabilidad tuvieron quienes aceptaron recibir las vacunas?
En 2021, Capuchetti había considerado que los beneficiarios no habían cometido un delito. La magistrada entendió entonces que las personas vacunadas podían quedar comprendidas dentro de la categoría de personal estratégico contemplada por la normativa vigente y cerró esa parte de la investigación.
La Cámara Federal posteriormente revocó ese criterio y ordenó profundizar el análisis.
Ese cambio permitió que la causa siguiera avanzando hasta llegar a las 34 indagatorias que ahora deberán realizarse.
Duhalde, su familia y otros nombres de peso
Las situaciones investigadas no son idénticas. Algunas personas fueron vacunadas en el Hospital Posadas, otras recibieron las dosis en el Ministerio de Salud y también hubo casos en domicilios particulares.
Uno de ellos fue el de Eduardo Duhalde. El expresidente y su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, fueron vacunados en su casa. También recibieron dosis dos hijas del matrimonio y su chofer.
La nómina de convocados incluye, además, al exdiputado nacional Eduardo Valdés; al exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa; al empresario Florencio Aldrey; al publicista y dirigente peronista Jorge “Topo” Devoto; y a Patricia Alsua, esposa del exfuncionario Carlos Zannini, entre otros.
Cada uno deberá ahora explicar ante la Justicia en qué circunstancias accedió a la vacuna y cuál era su situación frente al esquema de prioridades que regía en ese momento.
Cinco años después de aquellas imágenes de hospitales saturados, restricciones y una carrera contrarreloj por conseguir vacunas, el expediente vuelve sobre uno de los aspectos que más indignación generó entonces: si mientras millones de argentinos esperaban su turno existió un circuito paralelo para dirigentes, funcionarios, empresarios y personas con vínculos de poder.
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