De Malvinas a una reforma mucho más amplia
El corazón del proyecto está relacionado con Malvinas.
La Casa Rosada propone reemplazar el actual esquema de la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos reclamados por la Argentina sin contar con autorización nacional.
El cambio es importante porque la legislación actual está concentrada principalmente en la actividad hidrocarburífera. El nuevo esquema pretende extender las prohibiciones a la explotación de cualquier recurso natural, tanto renovable como no renovable. Eso permitiría alcanzar también actividades vinculadas, por ejemplo, con la pesca y la minería.
Además, contempla fuertes multas, inhabilitaciones y la posibilidad de realizar juicios en ausencia para determinados delitos.
El propio Gobierno explicó al presentar la iniciativa que busca apoyarse en tres pilares: castigar a quienes exploten ilegítimamente recursos naturales argentinos, crear incentivos para que abandonen esas actividades y darle al Estado nuevas herramientas para enfrentar amenazas provenientes del exterior.
Pero cuando se avanza sobre los restantes artículos aparece un proyecto considerablemente más amplio.
La oposición habla del proyecto como un “caballo de Troya”
Uno de los dirigentes que salió a cuestionar el texto fue el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi, exministro de Defensa.
Su objeción apunta precisamente a la cantidad de modificaciones que el Gobierno incorporó dentro de una ley presentada públicamente alrededor de la cuestión Malvinas.
“Malvinas no puede ser el caballo de Troya para cambiar todo el sistema de seguridad, defensa e inteligencia”, cuestionó Rossi.
Entre otros puntos, la iniciativa crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de áreas clave del Gobierno.
Ese organismo tendría intervención en la coordinación de políticas relacionadas con defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura considerada crítica. El proyecto también amplía el concepto de Defensa Nacional y contempla nuevos supuestos para la actuación de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas.
Es precisamente en esa combinación donde la oposición concentra buena parte de sus cuestionamientos.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que el objetivo es dotar al Estado de instrumentos para responder frente a nuevas formas de amenazas externas y no limitar la defensa nacional únicamente a una agresión militar tradicional.
El polémico artículo sobre “desinformación”
Otro de los puntos que promete generar una discusión intensa en Diputados aparece en el artículo 111.
El proyecto propone incorporar al Código Penal un nuevo delito destinado a castigar determinadas maniobras de influencia extranjera.
La pena prevista va de 5 a 12 años de prisión para quienes, actuando por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.
En determinadas circunstancias agravantes, las penas podrían elevarse hasta los 15 años.
El artículo encendió rápidamente las alarmas de sectores opositores, constitucionalistas y organizaciones vinculadas con la libertad de expresión.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), por ejemplo, advirtió que la redacción debería modificarse para evitar que pueda terminar afectando el ejercicio legítimo del periodismo, la crítica política o la discusión de asuntos de interés público.
El Gobierno rechazó esa interpretación. Desde la Casa Rosada aseguraron que la norma no está pensada para perseguir periodistas y remarcaron que el supuesto penal exige una vinculación con un Estado, organización o agente extranjero.
Ese contrapunto seguramente será uno de los ejes del debate cuando comiencen las reuniones de comisión.
También pone la lupa sobre la influencia extranjera en las elecciones
La iniciativa llega incluso hasta el financiamiento y la participación política.
El artículo 106 busca modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para establecer que las personas extranjeras que no tengan residencia permanente en la Argentina y las personas jurídicas extranjeras no puedan financiar, organizar, dirigir o ejecutar actividades de campaña o propaganda electoral.
Para la oposición, se trata de otra demostración de que el proyecto se extiende hacia terrenos alejados de la cuestión estrictamente vinculada con Malvinas.
“¿Y esto qué tiene que ver con Malvinas?”, cuestionó Rossi al analizar ese capítulo.
Otra discusión: qué pasa con las empresas ya sancionadas
También aparecieron cuestionamientos desde la Coalición Cívica.
El diputado Maximiliano Ferraro puso la lupa sobre las consecuencias que podría tener la derogación de la Ley 26.659 para empresas que ya fueron sancionadas o inhabilitadas por realizar operaciones vinculadas con Malvinas.
El legislador planteó sus sospechas sobre la posibilidad de que el nuevo régimen termine funcionando como una suerte de “amnistía” para algunas de esas compañías.
El proyecto contempla, efectivamente, un nuevo régimen de regularización para empresas infractoras, aunque su alcance y sus consecuencias jurídicas seguramente formarán parte de la discusión parlamentaria.
Una discusión que recién comienza
Milei había anticipado la iniciativa durante su cadena nacional del 3 de septiembre y finalmente la remitió al Congreso el 17 de septiembre. La Casa Rosada la definió como un “hito” dentro de su estrategia para avanzar en el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
Ahora comienza una etapa bastante más compleja.
El oficialismo deberá defender artículo por artículo un texto que combina medidas directamente relacionadas con la explotación de recursos naturales en los territorios reclamados por la Argentina con una reforma mucho más extensa del esquema de seguridad, defensa e inteligencia.
La cuestión Malvinas probablemente encuentre amplios consensos en el Congreso. El desafío para el Gobierno será conseguir esos mismos acuerdos cuando la discusión avance sobre el resto de los 133 artículos.
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