A la protesta confirmaron su presencia la CGT, sectores del PJ, la UCR, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y agrupaciones estudiantiles de todo el país. El oficialismo, en tanto, insiste en que la movilización tiene un “sesgo político” y acusa a la oposición de “instrumentalizar” la agenda educativa y sanitaria.
La disputa por los recursos
El trasfondo del conflicto es estrictamente presupuestario. Según el decreto de veto firmado por Javier Milei, la ley universitaria vetada implicaría un costo de $1,06 billones sobre el presupuesto prorrogado de 2023. El Ejecutivo fundamenta su decisión en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a que toda nueva ley de gasto indique su fuente de financiamiento.
En paralelo, el Gobierno intentó enviar una señal de negociación con la promesa de elevar las partidas para universidades a $4,8 billones en el Presupuesto 2026, junto con aumentos del 5% para jubilaciones y del 17% en Salud. Pero esas medidas no lograron frenar la convocatoria.
Lo que se juega en Diputados
La Cámara Baja se convierte así en el centro de la pulseada política. Para revertir el veto presidencial, la oposición necesita dos tercios de los votos presentes, un escenario complejo que dependerá de las ausencias y del rol que jueguen los legisladores alineados con los gobernadores.
Mientras tanto, en la calle, estudiantes, docentes, gremios y movimientos sociales intentarán mostrar músculo en defensa de la educación pública y la salud, en una jornada que marcará un nuevo round en la relación entre el Congreso, la Casa Rosada y la sociedad civil.
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