“En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que:
a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y
b) La detención parece necesaria para:
I) Asegurar que la persona comparezca en juicio;
II) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte;
II) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias”,
Human Right Watch criticó a argentina por no cuestionar la represión en Venezuela
El informe de los expertos convocados por la OEA señaló que más de 1.300 personas habían sido detenidas (hasta ese momento) por su oposición política al régimen de Nicolás Maduro.
El documento destacó “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela”, empleando herramientas como la persecución política y el acoso a estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas.
El trabajo incluye la existencia de 131 asesinatos cometidos durante las protestas de 2014 y 2017, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos chavistas.
También identificaron 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, y más de 12.000 venezolanos que fueron detenidos arbitrariamente o encarcelados tras las elecciones de 2013, cuando Maduro asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez.
El informe, que incluye 489 páginas, recopiló testimonios de decenas de víctimas y testigos, y analizó evidencias de organizaciones de derechos humanos.
Entre ellos, se incorporaron 26 testimonios recogidos en las audiencias públicas organizadas por la OEA y documentos presentados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.
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