El sector más activo y visible contra el impuesto es el denominado grupo de los 6 integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Bolsa de Cereales de Buenos Aires y Sociedad Rural Argentina (SRA), que están molestos porque tenían entendido que el proyecto quedaría para el 2021, según dicen que surgió de las conversaciones con Alberto Fernández.
Particularmente cuestionan que los accionistas locales de una empresa estén alcanzados y no las multinacionales y que el destino de los fondos no esté claro o tenga cambios, todo lo que anticipan hará caer el valor de las acciones de las empresas argentinas.
Para los especialistas en derecho y en el sistema tributario argentino, el proyecto es inconstitucional. Y enumeran que hay una doble imposición ya que existe Bienes Personales.
También mencionan que se viola el principio de no confiscatoriedad, el de capacidad contributiva (no se tiene en cuenta las deudas de los sujetos alcanzados) y el de igualdad (porque es mayor el gravamen para los casos de activos en el exterior).
Carolina Castro, dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), en declaraciones al diario El Cronista explicó: "Desde hace ya tiempo venimos planteando la visión productivista de todo esto. En las últimas semanas mantuvimos encuentros con varios diputados y el mismo Ejecutivo para lograr rever esto, pero evidentemente no tuvo demasiada repercusión".
"Se puede lograr un efecto realmente muy malo si no se hacen las cosas bien", agregó.
Por otra parte, el Foro de Convergencia Empresarial -que representa a 80 instituciones de la Argentina, entre ellas AEA, UIA, IDEA, ACDE, Sociedad Rural, ABA, DAIA y la Cámara de Comercio, entre otras- apuntó que el impuesto a la riqueza tiene carácter "confiscatorio".
Según un trabajo que elaboró la UIA y cita El Cronista, se descapitaliza a las empresas que “invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica".
Además, advierte que "fundamentalmente, esto se debe a que el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles. Como resultado de esta medida, las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte".
Entre quienes argumentan que hay inconstitucionalidad en la norma se encuentra el reconocido tributarista César Litvin, quien considera que el proyecto “afecta los derechos fundamentales de los contribuyentes".
"No existe en el mundo una tasa patrimonial tan alta. Y encima hay dudas de si va a ser por única vez o no, porque hemos tenido impuestos por tiempo indeterminado que han subsistido", apuntó.
Litvin indicó que el proyecto atenta contra el derecho a la propiedad privada, la capacidad contributiva y el principio de igualdad ante la ley.
"El importe será distinto ante el mismo patrimonio de acuerdo a si los bienes están radicados en Argentina o en el exterior", ejemplificó en declaraciones que reprodujo Cadena3 el 25/9.
