Uno de los bloques más duros contra ese capítulo fue Convicción Federal, encabezado por la senadora jujeña Carolina Moisés, vicepresidenta de la Cámara alta.
“El avance sobre el Registro Nacional de Barrios Populares representa una de las mayores amenazas de la iniciativa oficial y es un punto inaceptable”, plantearon desde el espacio.
Ley de Propiedad Privada con cambios
Los legisladores también lanzaron una advertencia sobre las consecuencias sociales que podría generar el proyecto: “El RENABAP no se toca. Este proyecto no solo frena la integración socio-urbana, sino que habilita desalojos masivos de manera encubierta”.
Moisés, además, cuestionó el enfoque del Ejecutivo y sostuvo que la propuesta “ignora la realidad de más de cinco millones de argentinos que viven en barrios populares”.
En la misma línea, apuntó contra el esquema de desalojos planteado originalmente por el Gobierno: “El oficialismo busca imponer ‘desalojos exprés’ sin contemplar situaciones de extrema vulnerabilidad. Nuestra propuesta es clara: límites estrictos y protección especial para los niños y adultos mayores. No es lo mismo un intruso que un inquilino”.
El proyecto original impulsado por la Casa Rosada proponía trasladar a provincias y municipios la administración del Registro de Barrios Populares, una tarea que actualmente depende del Estado nacional. También eliminaba la suspensión de desalojos por diez años y modificaba mecanismos de regularización urbana y expropiaciones.
Desde el Gobierno justificaron esos cambios argumentando que la ley vigente no logró cumplir sus objetivos. Según datos oficiales expuestos durante el debate, luego de siete años de vigencia apenas el 0,08% de los habitantes alcanzados por el régimen obtuvo efectivamente el título de propiedad de las tierras que ocupa.
La resistencia al proyecto no solo llegó desde el peronismo. El PRO, bloque encabezado en el Senado por Martín Goerling Lara, también rechazó desde el comienzo cualquier modificación sobre el RENABAP.
La postura tiene una explicación política: la Ley 27.453 fue aprobada durante la presidencia de Mauricio Macri e impulsada por la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en acuerdo con movimientos sociales. A ese rechazo también se sumaron varios senadores de la UCR que formaban parte de Cambiemos cuando se sancionó la norma.
Más allá de la marcha atrás parcial, el proyecto mantiene varios cambios de fondo sobre el régimen de propiedad privada.
Lo que se mantuvo tras el debate en el Senado
Entre otros puntos, propone modificaciones en expropiaciones y desalojos, elimina restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y reforma aspectos de la Ley de Manejo del Fuego, especialmente los vinculados al uso de tierras incendiadas.
Además, redefine el cálculo de indemnizaciones en expropiaciones -limitándolas al valor de mercado y daños directos-, prohíbe transferencias de dominio sin pago completo y establece que las ocupaciones temporarias no podrán extenderse por más de 60 días.
El texto también endurece los mecanismos judiciales para desalojos y fija criterios más estrictos sobre ocupaciones de tierras. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo central es “reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada”.
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