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Operadora Ferroviaria: -$44.600,5 millones
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ENARSA: -$34.897,7 millones
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EDUCAR: -$22.231,3 millones
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ADIF (Infraestructura Ferroviaria): -$16.058,9 millones
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AySA: -$10.420,6 millones
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Belgrano Cargas: -$9327,1 millones
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Fadea: -$5537,1 millones
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YCTY: -$6503 millones
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Fabricaciones Militares: -$1761,1 millones
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RTA: -$1539,3 millones
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ARSAT: -$249 millones
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APE: -$249,3 millones
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SRT UNC: -$331,8 millones
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LT10 UNL: -$42,6 millones
Varias de estas firmas, como AySA o la Operadora Ferroviaria, arrastran problemas estructurales desde hace años. Otras, como ENARSA o EDUC.AR, enfrentaron presiones vinculadas al costo de insumos, importaciones o servicios esenciales.
Ajuste y reducción de personal
Una de las medidas más visibles adoptadas por el Gobierno fue la reducción de personal en las empresas públicas. Entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025, la dotación cayó de 90.295 a 77.367 empleados, es decir, 12.928 personas menos, lo que representa un recorte del 14,3%.
Las empresas más afectadas por esta disminución fueron:
Correo Argentino: 4296 bajas
- Aerolíneas Argentinas: 1559 bajas
- AySA: 1206 bajas
- Operadora Ferroviaria: 1540 bajas
A pesar de la reducción de la plantilla, las pérdidas persisten en varias de estas firmas, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo y la profundidad de los cambios estructurales.
Un superávit parcial
El desempeño general positivo se debe, en buena parte, a los ingresos de algunas empresas puntuales como Aerolíneas Argentinas (gracias a la venta de pasajes), AySA (por la producción de agua liberada a la red), ENARSA (por la comercialización de gas), y Nucleoeléctrica Argentina S.A., que lograron balances más sólidos.
No obstante, los gastos operativos de empresas como ENARSA (por pagos de GNL) y Aerolíneas (por la compra de combustible) siguen absorbiendo una porción significativa de recursos.
El desafío que enfrenta el Gobierno es ahora doble: sostener el sendero de superávit fiscal y encarar una reestructuración de fondo que reduzca la dependencia de las transferencias estatales, especialmente en las empresas con resultados deficitarios crónicos.
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