"Como funcionario público debo reconocer que la frase 'desahogo sexual' utilizada en dicha presentación, pese a su amplio y arraigado uso judicial, debe ser erradicada. Soy consciente, hoy más que nunca, de la importancia que tienen las palabras como instrumentos de cambio en la deconstrucción de estereotipos machistas”, comenzó Rivarola.
“Sin embargo, es necesario aclarar que lejos de haber utilizado la expresión para minimizar o justificar conducta alguna, su empleo tuvo el único sentido de describir los delitos imputados como acciones de cosificación de la víctima y de degradación de su dignidad, así como la voluntad del agresor de cometerlo sin el consentimiento de la víctima”, explicó.
Respecto al caso, detalló: “En 2019 decidí abrir la investigación de un episodio ocurrido en 2012, hecho que de otra manera hubiera quedado impune pues no se había realizado la denuncia judicial y se trataba de un delito de abuso sexual – no violación- que depende de la instancia privada.
Inicié el proceso de oficio, aún avizorando las dificultades que podían presentarse en virtud del tiempo transcurrido, a partir del breve relato de los hechos efectuado por la víctima en redes sociales”.
Desde un primer momento y a lo largo de toda la investigación -dice textualmente el comunicado de prensa-, mi actuación como la de todo el MPF -en especial el Servicio de Atención a la Víctima-, estuvieron dirigidas a escuchar, acompañar y proteger a la joven damnificada con el fin de preservar su integridad y defender su interés en el proceso.
La reserva y el pacto de confidencialidad que impone la investigación en este tipo de delitos me impide dar mayores detalles sobre el caso, más allá de señalar las enormes dificultades probatorias que debí enfrentar a pesar del exhaustivo trabajo realizado, que incluyó allanamientos, secuestros de computadoras y celulares, intervenciones telefónicas, recepción de testimonios, de prueba documental y pericial”.
“Tales obstáculos, muchos de ellos derivados de los años transcurridos, atentaron contra la obtención de mayor cantidad de pruebas que permitieran reconstruir la totalidad de los hechos con la certeza que el proceso penal exige”, cerró.
Según el funcionario judicial, sus palabras fueron tergiversadas: “Al haber trascendido parcialmente el contenido del mencionado escrito judicial -cuya publicidad está legalmente restringida por tratarse de un delito contra la integridad sexual de una persona menor de edad y que involucra a dos menores como imputados- se ha generado una importante tergiversación de los hechos, cuya inmediata repercusión masiva ha impactado negativamente en la víctima, revictimizándola e invadiendo nuevamente su intimidad.
Todo lo anterior quedará ampliamente verificado en la audiencia a realizarse -en lo inmediato- ante el juez de Garantías interviniente, en la que tendrá participación activa la propia damnificada y las profesionales de su confianza que la acompañan.
En dicha ocasión el juez deberá recabar la libre conformidad de la víctima con el acuerdo de condena presentado, voluntad personalísima e intransferible que representa el interés supremo que el proceso está llamado a proteger”, concluyó el parte.
Según el sitio 'ADNSur, el gobernador Arcioni va a presentar en los próximos días un pedido de jury ante el Consejo de la Magistratura para que sea destituido el fiscal de Rawson.
Arcioni ratificó a dicho medio que "voy a ir a fondo" con el tema, ante el reclamo popular y político desde las más altas esferas del gobierno nacional, quienes cuestionaron a Rivarola la utilización del concepto de "desahogo sexual" en su dictamen. En su planteo seguramente va a señalar jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, según la cual no se permite un juicio abreviado ante un caso de abuso sexual, por más que haya consentimiento de la víctima.
En la denuncia, según medios locales, "solicitarán el enjuiciamiento por el Tribunal, a raíz de la repudiable actuación seguida en el caso penal conocido como 'la mandada', al efectuar un llamativo cambio de calificación legal".
Tal como informó Urgente24, Rivarola bajó la calificación legal de “abuso con acceso carnal” a la de “abuso sexual simple” tras acordar con los abogados defensores -y según él, con la víctima también- la realización de un juicio abreviado. La pena sería de 3 años en suspenso, por lo cual ninguno de los imputados iría a prisión. El caso había tenido mucha repercusión porque los acusados son hijos de personalidades reconocidas e influyentes de Chubut.