Qué dice el proyecto del PRO
El proyecto propone la incorporación del artículo 5° bis a la ley 24.018, mediante el cual se busca la eliminación de la pensión otorgada a expresidentes en casos donde se presenten circunstancias específicas que lo justifiquen. Esta medida está dirigida a quienes hayan sido acusados de delitos graves, como violencia de género, violencia sexual, u otros delitos de similar índole.
Adicionalmente, se plantea la modificación del artículo 119° del Código Penal, con el fin de establecer la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a las personas condenadas por los mencionados delitos. Con esta reforma, se pretende asegurar que quienes hayan cometido actos de violencia no puedan representar al Estado ni acceder a cargos en la función pública.
Es importante remarcar que de aprobarse el proyecto, la pérdida de beneficios previsionales, honores y tratamiento especial no sólo alcanza a Alberto Fernández, sino a quienes hayan ejercido los altos cargos ejecutivos de Presidente, Vice Presidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos de ser condenados por delitos cometidos mientras se encontraban en ejercicio de su función pública.
"Ante la gravedad de los hechos, que, de comprobarse los hechos en investigación judicial, no pueden quedar vestigios de ningún honor o privilegio vinculado a una persona que, durante el ejercicio de tan alta función pública ha cometido hechos de esta naturaleza", argumentaron los diputados nacionales al referirse a la denuncia contra Alberto Fernández.
La Justicia llamará a indagatoria a Alberto Fernández
En paralelo, la Justicia federal prepara la citación a indagatoria a Alberto Fernández en la causa que investiga presunta corrupción por la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del expresidente. De dicha causa es que se filtraron los chat y fotos de Fabiola Yañez asegurando ser víctima de violencia de género.
Además del expresidente, el juez Julián Ercolini imputó a María Cantero, exsecretaria de Fernández, a su marido Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente, y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por montar una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021. Esa reglamentación exigió que los organismos del Estado contraten a esa aseguradora. Eso habilitó la segunda parte de la maniobra: la intermediación de los brokers que se quedaron con jugosas comisiones.
El proyecto del PRO a continuación
