“El dinero que se desvía de los fondos públicos pasa a manos privadas como un modo de obtener impunidad. El abuso en el ejercicio de sus cargos por parte de los funcionarios para obtener ganancias a partir de las actividades con empresas privadas puede poner en riesgo el funcionamiento del Estado de derecho, tal como se ha detectado en Argentina con los presuntos sobornos en la cartelización de la obra pública”, agregó el fiscal en otro de los pasajes de la obra.
Carreras, quien patrocina la querella de familiares de víctimas del ARA San Juan tanto en el reclamo de justicia por el naufragio cuando en la causa por presunto espionaje ilegal contra ellos, aclaró que formuló la denuncia a título personal, “como ciudadana y abogada”.
“Si jugó futbol”
En su presentación ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Valeria Carreras explicó: “He tomado conocimiento de la existencia de una publicación del propio Luciani, donde adelanta opinión y se trasluce en el 2019 su juicio respecto a lo investigado en la causa de referencia”.
“No me ocupa si el fiscal leyó o no leyó, si el fiscal incorporó prueba a posteriori o no como tampoco entrar a evaluar en si jugó futbol, pádel o truco”, añadió en referencia al torneo de fútbol que denunció Cristina Fernández del que participó Luciani y que habría compartido con otros funcionarios, en su intento de desacreditar la investigación.
Carreras promovió la sanción y el apartamiento de Luciani por sus posturas expresadas en aquel libro en el que también se refirió al expediente conocido como Causa Cuadernos de la siguiente manera: “salió a la luz un entramado de sobornos que se encontraría presente en casi la totalidad de la obra pública. Si bien en el imaginario colectivo siempre ha estado latente la sensación de que la relación funcionario-empresario es promiscua, en la actualidad los hechos han puesto en el centro de la escena esta realidad y han provocado preocupación y conmoción en la ciudadanía”.
Valeria Carreras, abogada del estudio de Fernando Burlando, cobró notoriedad pública nacional por ser una de las querellantes en la causa de submarino ARA San Juan y luego por la del homicidio perpetrado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, asumió el patrocinio de los 417 trabajadores despedidos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) al inicio de la gestión del exinterventor de la empresa, Aníbal Fernández.
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