Sobre esa línea, se detalló que estos grupos existen actualmente "en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPFCABA), en el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) y en el Complejo Penitenciario Federal IV (CPF IV)".
Pese a estas prohibiciones, en el Decreto se detalla que sí se continuará con la reglamentación de que todas las personas privadas de la libertad, alojadas en establecimientos federales, tendrán acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades.
La explicación del Gobierno
Según las autoridades nacionales, un centro de estudiantes "no está expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad".
En ese marco, también remarcaron que se detectó que "en el ámbito de las cárceles los miembros de los denominados centros de estudiantes son pretexto del cumplimiento de supuestas tareas inherentes a tal función".
"Que la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como así también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes que, a la par de resultar obligatorios para todos los internos", cierra el escrito.
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No se permitirá la existencia de estas organizaciones dentro de los penales y que, además, los internos solo podrán permanecer en los espacios educativos durante el horario de cursada asignado, sin posibilidad de extender su estadía fuera de ese tiempo establecido.
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