A partir de ahora, las distintas áreas técnicas de la cartera deberán elaborar informes y dictámenes sobre cada proyecto para evaluar su impacto potencial en materia de defensa.
Para ello, la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa y la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares desarrollaron los procedimientos internos que regirán estas evaluaciones.
En tanto, la resolución también recuerda que el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial se encuentra vigente desde 2004 y que la Fuerza Aérea Argentina es el organismo encargado de ejecutar las tareas de vigilancia y control integral del espacio aéreo nacional.
En ese marco, el Gobierno considera que el crecimiento de nuevas tecnologías vinculadas al monitoreo aeroespacial exige reforzar los mecanismos de supervisión estatal para evitar posibles vulnerabilidades que puedan afectar la defensa del país.
Además, el texto destaca la necesidad de que las Fuerzas Armadas actúen de manera coordinada y conjunta en la protección de los intereses estratégicos nacionales, tal como establecen las últimas modificaciones al sistema de defensa.
Lo que cambia
La medida no prohíbe la instalación de radares ni introduce restricciones específicas sobre proyectos en marcha, pero sí establece un procedimiento formal que obligará a realizar una evaluación previa desde la perspectiva de la Defensa Nacional antes de otorgar permisos o autorizaciones.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca incrementar el control sobre infraestructuras consideradas sensibles y garantizar que cualquier sistema de observación aeroespacial que opere en el país sea analizado en función de su posible impacto sobre la seguridad, la soberanía y los intereses estratégicos de la Argentina.
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