El mensaje hacia los alumnos es claro: “No es una broma ni una transgresión”. Es una conducta “que vulnera la convivencia institucional y puede ser objeto de investigación judicial”. Además, agregaron: “Solicitamos a sus familias el acompañamiento en este propósito mediante la conversación con sus hijos e hijas y el trabajo corresponsable con las escuelas”.
La parte más importante del protocolo es la siguiente: ante casos de amenazas, los estudiantes, docentes o auxiliares no deben viralizar los mensajes ya que esto “estimula la repetición”. Por el contrario, se debe dar aviso a las autoridades escolares y deberán dar intervención a los equipos de inspección. Allí se determinan los pasos a seguir.
“Hemos trabajado en una reunión específica con Inspectoras/es Jefas/es Regionales y Distritales con la participación del Ministerio de Seguridad, para que todos y todas estemos advertidos y realicemos las intervenciones que son propias de nuestras respectivas competencias”. Además, agregaron: “Asimismo, reconocemos el trabajo de los equipos de conducción, docentes, equipos de orientación y de supervisión, en cuanto a su intervención responsable, cuidada y efectiva”, cerraron.
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