Ana Cáceres, expresidenta de FAGRAN, afirmó al respecto que la normativa "garantiza el derecho a la salud y a la información”. Detalló que diversos estudios mostraron que los sellos modificaron hábitos de compra y ayudaron a identificar productos poco saludables. Asimismo, señaló que la normativa incluye medidas sobre entornos escolares, educación alimentaria y compras públicas.
El impacto sanitario y el rol de la industria en el debate por el etiquetado frontal
Luciana Castronuovo, directora de Proyectos de Fundación InterAmericana del Corazón (FIC), advirtió que un retroceso en materia de etiquetado frontal implicaría “menos información clara para los consumidores”. Según explicó, los sellos permiten identificar rápidamente productos con exceso de nutrientes críticos y tomar decisiones de compra en pocos segundos.
La especialista remarcó que la normativa surgió como respuesta a un problema de salud pública vinculado a la malnutrición y al consumo excesivo de ultraprocesados. En ese sentido, recordó que el exceso de peso afecta al 41% de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años en Argentina.
También cuestionó el rol de la industria alimentaria durante el debate legislativo. “Desde el inicio hubo oposición al sistema de octógonos”, sostuvo, y señaló que las empresas impulsaron modelos de etiquetado “menos eficaces” para informar a los consumidores.
Además, destacó que existen estudios en Argentina y otros países que muestran resultados positivos tras la implementación de estas políticas. Citó el caso de Chile, donde la compra de bebidas azucaradas se redujo cerca de un 24% luego de la entrada en vigencia del etiquetado frontal.
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