El pacto incluye a 816 acreedores que cobrarían el 100% de sus acreencias con el anticipo de 30 mil dólares; un segundo desembolso al año para 117 solicitantes más que recibirían entre el 99 y 80% de sus créditos verificados; 63 percibirían entre el 79 y el 70%; que 83 de ellos embolsarían entre el 69 y el 60% de las mismas; que 92 cobrarían entre el 59 y el 50% de sus créditos; que 97 recogerían entre el 49 y el 40% de sus créditos verificados; y que 424 recaudarían menos de ese 40%.
Con respecto a la acreencia del Banco Nación, que durante la gestión anterior representaba uno de los mayores obstáculos para avanzar con la homologación del acuerdo oficial, la Cámara entendió que "Al BNA le resulta conveniente" ya que se encuentra, "en mejor situación que la mayoría de los acreedores" al tener como garantía de un crédito los ingresos generados por Vicentin.
Causas penales
Por su parte, sobre las causas penales en curso contra exdirectivos de Vicentin, el comunicado sostiene que "la temática versa sobre una cuestión de competencia y más específicamente de competencia prevalente para decidir sobre los bienes de la concursada cuando se presentan investigaciones penales que pueden afectarlos".
En ese sentido, la Cámara recomienda que "las medidas cautelares trabadas por otros jueces o funcionarios no pueden entorpecer la solución concursal, debiendo requerirse a los ordenantes el levantamiento de aquellas y la puesta a disposición del concurso de todos los bienes afectados y, en caso de no compartir este criterio, que se eleve la cuestión al superior común para que dirima el conflicto de competencia".
Del lado de las deudas impositivas, se señala que "los tributos que debieran pagarse, no pueden ser obstáculo a la homologación del acuerdo".
Dicho documento fue firmado por los jueces Santiago Dalla Fontana y Mauricio Sánchez, mientras que Alejandro Román firmó en abstención.
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