El problema es que las adopciones resultan temas sensibles, frágiles, que marcan la vida de todas las personas involucradas. Y las adopciones en la Ciudad Autónoma se encuentran gestionadas por Leguizamón, un 'cuadro político' de sus mandantes cuya experiencia en la temática es para debate.
El problema
Valdez recuerda que el organismo en cuestión es el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA).
Aquí aparece un tema muy importante: ¿quién verifica la eficiencia o la calidad o la competencia de la gestión de RUAGA? En verdad, el Estado en general no consigue responder a la pregunta: ¿Quién controla al soberano?
Que un organismo sea descentralizado no impide que deba existir una revisión periódica de su funcionamiento y una certificación correspondiente. El autogobierno no puede confundirse con impunidad o con despotismo. La denuncia es grave:
Su manejo es arbitrario porque el organismo es descentralizado y no depende de ningún ministerio, se autogobierna. Su manejo es arbitrario porque el organismo es descentralizado y no depende de ningún ministerio, se autogobierna.
¿Quién podrá refutarla? ¿Con cuáles argumentos?
Aparentemente la autonomía funcional de Leguizamón se encuentra garantizada por su colaboradora, la psicóloga social María Inés Belloni, la mujer de Daniel Angelici. Ella también es fundadora y presidente de la Fundación Unidos para Amar.
Hay una convicción general de que los procesos de adopción son demasiado imperfectos.
Leguizamón afirma que eso es un mito, una excusa de la sociedad para no hacerse cargo o para diferir responsabilidades y que la pareja que quiera adoptar un niño mayor a 5 años o un grupo de hermanos, gozará de un trámite veloz: 9 meses.
Según ella, el problema son los niños de hasta 2 años y sin hermanos. No es lo que opinan quienes reclaman alguna forma de control de la gestión porque consideran que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho.
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