Cierto es que con la reforma constitucional de 1994, la Argentina ratificó tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción y que además están por encima de las leyes.
Uno de esos tratados es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 4 establece: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción".
Otro tratado internacional es la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención no habla de la vida desde la concepción, sólo de los menores de 18 años, pero la Ley 23.849, por la que la Convención se incorpora a las leyes argentinas, aclara que "se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción".
De allí que, por ejemplo, cuando el Colegio de Abogados de la Ciudad rechazara el proyecto de legalización del aborto a mediados de mes, cuando entonces había logrado la media sanción en Diputados, argumentó que se trataba de una iniciativa "que no supera el test constitucional", y pidieron evitar "debilitar el sistema democrático".
"El derecho argentino, en disposiciones con jerarquía constitucional, determina claramente la existencia de la persona humana desde el momento mismo de la concepción", afirmaron.
"Así lo establece el artículo 1º de la Convención sobre Derechos del Niño, con la declaración interpretativa formulada por nuestro país al ratificar el tratado conforme la exigencia establecida en el artículo 2 de la ley 23.849, el cual dispone que: 'se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad'".
"De allí que a la persona humana, desde la concepción misma, le resulten aplicables la totalidad de las normas que, tanto en nuestro derecho interno como en los tratados internacionales sobre derechos humanos, protegen la vida", agregaron, y recordaron que "tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos poseen
jerarquía constitucional conforme lo dispone el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución".
"Podrá distinguirse, entonces, entre personas ya nacidas y personas por nacer, pero ese dato biológico es irrelevante desde el punto de vista jurídico, pues conforme nuestro ordenamiento jurídico supremo, y también conforme lo dispone el nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 19, ambas son personas humanas y, como tales, tienen derecho a la vida", sumaron.
En tanto, señalaron que los tratados internacionales, como la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial "son normas de última generación". "Los textos constitucionales y legales citados, son recientes y han sido incorporados en plena vigencia de nuestras instituciones democráticas. La legislación vigente, tal como el Código Civil y Comercial de la Nación, así como la Ley Nº 23.849, interpretativa de la Convención de los Derechos del Niño, no dejan dudas al respecto", afirmaron desde el Colegio de Abogados de la Ciudad.
"Nuestra institución reitera que, más allá de la opinión personal de cada uno sobre el tema en debate, que tiene dividida a la opinión pública, y aprendiendo de los errores pasados de nuestra historia, debemos
advertir la importancia de respetar los procedimientos legales necesarios para modificar las disposiciones de raíz constitucional, de modo de evitar precedentes que puedan ser utilizados en el futuro para debilitar el sistema democrático y republicano fijado en nuestra Constitución". Y concluye: "Desde esta perspectiva, como se sostuvo al inicio, el proyecto con media sanción no se ajusta a nuestro ordenamiento constitucional".
Alberto Bianchi, abogado constitucionalista de la UBA, al oponerse al proyecto, también afirmaba que "vamos a tener una crisis dentro del ordenamiento jurídico argentino porque la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil, con respecto al Código Penal, van a decir cosas completamente distintas, no podemos permitir eso".
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) consideró que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) "ahondará aún más las divisiones" en la Argentina y lamentó "la lejanía de parte de la dirigencia del sentir del pueblo", en una carta publicada este miércoles tras la sanción del proyecto de legalización del aborto en el Senado.
"Esta ley que ha sido votada ahondará aún más las divisiones en nuestro país. Lamentamos profundamente la lejanía de parte de la dirigencia del sentir del pueblo, el cual se ha expresado de diversas maneras a favor de la vida a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria", planteó el Episcopado en un documento divulgado esta mañana que lleva la firma de su titular, monseñor Oscar Ojea.
La corporación de abogados católicos, entidad vinculada a la Iglesia Católica, ya había alertado sobre el "genocidio" que determina el aborto legal. "Califica también como delito de lesa humanidad, al conducir a la masiva eliminación por muerte intencional a un número indeterminado de seres humanos en forma generalizada y sistemática", advertía hace menos de 10 días.
Incluso, Pedro Andereggen, miembro de la Corporación, en diálogo con radio 'Cooperativa' anticipó la catarata de amparos que se vienen sobre este tema "que terminará resolviendo la Corte Suprema".
