El caso llegó a la Corte tras la presentación de recursos por parte de la empresa de medicina prepaga involucrada y del Estado Nacional. Finalmente, los magistrados confirmaron parcialmente la sentencia dictada por la Cámara Federal de La Plata.
Qué pasará ahora con los aumentos de las prepagas
El fallo declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, mediante los cuales el Gobierno había eliminado disposiciones de la Ley 26.682 que regulaban los precios de la medicina privada.
De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus facultades para fiscalizar y autorizar los incrementos, teniendo en cuenta la evolución de los costos de las empresas y la razonabilidad de los ajustes solicitados.
Sin embargo, existe un punto central para los afiliados: la Corte no estableció que las cuotas deban aumentar por debajo de la inflación ni fijó un porcentaje máximo de incremento.
De hecho, los magistrados revocaron el tramo de la sentencia anterior que disponía utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como límite para los aumentos.
La resolución también podría tener implicancias en los reclamos de afiliados que buscan recuperar parte del dinero abonado desde la desregulación, aunque no supone una devolución automática de esos importes.
El argumento de la Corte para declarar la inconstitucionalidad
Más allá de la discusión económica sobre el funcionamiento del sistema de salud privado, el cuestionamiento de los magistrados estuvo centrado en el mecanismo legislativo utilizado por el Gobierno.
Para la Corte, el Poder Ejecutivo no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran avanzar por decreto con la eliminación de los controles estatales sobre las prepagas.
Los argumentos vinculados con la “crisis del sistema de salud” y la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” fueron considerados insuficientes para demostrar que la medida no podía debatirse mediante el procedimiento legislativo ordinario.
En otras palabras, el máximo tribunal entendió que la conveniencia o la rapidez con la que el Gobierno pretende implementar una reforma no constituyen, por sí solas, razones suficientes para prescindir del Congreso.
Si bien la decisión representa un revés para la política de desregulación impulsada por la administración libertaria, los jueces aclararon que el pronunciamiento se circunscribe exclusivamente a los dos artículos cuestionados y no afecta al resto de las disposiciones del megadecreto.
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