El procedimiento se desarrolló en un contexto de cuestionamientos a la composición del máximo tribunal, luego de que el entonces presidente Néstor Kirchner solicitara públicamente al Congreso la remoción de algunos de sus integrantes.
La acusación formulada por la Cámara de Diputados contra Eduardo Moliné O'Connor. comprendió nueve cargos, por supuesto “mal desempeño”, vinculados con decisiones de la Corte Suprema en las causas “Meller”, “Magariños” y “Macri”. Sin embargo, la destitución se sustentó únicamente en dos de los cargos relacionados con el primero de esos expedientes.
Acusación contra el exjuez de la Corte
La acusación formulada por la Cámara de Diputados comprendió nueve cargos, por supuesto “mal desempeño”, vinculados con decisiones de la Corte Suprema en las causas “Meller S.A.”, “Magariños” y “Macri”. Sin embargo, la destitución se sustentó únicamente en dos de los cargos relacionados con el primero de esos expedientes.
En particular, se reprochó al magistrado haber contribuido, mediante su voto, a legitimar judicialmente un procedimiento administrativo considerado fraudulento y haber abdicado arbitrariamente de su responsabilidad de ejercer el control de constitucionalidad. Ambos cuestionamientos derivaron de la decisión de la Corte Suprema de no revisar un laudo arbitral impugnado por el Estado.
Al examinar las acusaciones, la Corte IDH advirtió que el Congreso no había demostrado conductas ilícitas deliberadas ni negligencia inexcusable atribuibles al magistrado, sino que su destitución se fundó en el desacuerdo de los legisladores con la interpretación jurídica adoptada por la mayoría del máximo tribunal.
En ese sentido, recordó que la independencia judicial impide responsabilizar a los magistrados por los votos y opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, salvo supuestos excepcionales de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o incompetencia comprobada.
El tribunal aclaró que el juicio político de magistrados no resulta, por sí mismo, contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero debe desarrollarse con respeto a las garantías del debido proceso y bajo criterios jurídicos que limiten la discrecionalidad política. De lo contrario, podría convertirse en un mecanismo de interferencia de los otros poderes del Estado sobre la función judicial.
Garantías procesales
La Corte Interamericana también examinó las garantías procesales observadas durante el juicio político. En particular, consideró que el Senado rechazó sin motivación suficiente distintas recusaciones formuladas contra legisladores y dispuso la suspensión preventiva del magistrado, sin goce de haberes, sin explicar adecuadamente las razones de esa medida ni ponderar su proporcionalidad.
En junio de 2004, la Corte Suprema argentina desestimó la impugnación promovida contra la destitución, sin responder adecuadamente los cuestionamientos vinculados con la imparcialidad de los legisladores y con el verdadero fundamento de la remoción.
Sobre este punto, el tribunal interamericano estableció que los fundamentos de una destitución judicial deben poder ser revisados judicialmente cuando se denuncia una vulneración de la independencia judicial. Aclaró que ello no supone sustituir las valoraciones políticas propias del juicio político, sino controlar su compatibilidad con las garantías reconocidas por la Convención Americana.
La sentencia también abordó las consecuencias previsionales de la destitución. El tribunal consideró que la revocación de la pensión vitalicia reconocida a Moliné O’Connor conforme a la Ley N.º 24.018 vulneró sus derechos a la seguridad social y a la propiedad privada. Asimismo, constató una demora injustificada en el proceso judicial iniciado para cuestionar aquella decisión, que se prolongó durante más de una década.
En consecuencia, la Corte IDH declaró que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos políticos, la propiedad privada, el trabajo y la seguridad social, reconocidos en los artículos 8.1, 25.1, 23.1.c), 21 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículo 1.1. También reconoció una afectación al proyecto de vida del exmagistrado, quien falleció en agosto de 2014.
En materia de reparaciones, el tribunal ordenó al Estado argentino pagar US$600.000 por daño material, en concepto de lucro cesante; US$25.000 por daño inmaterial y US$30.000 por costas y gastos. Las indemnizaciones por daños deberán distribuirse entre la cónyuge y los hijos del exjuez, mientras que las costas y gastos se destinarán a sus representantes.
Además, dispuso regularizar el régimen de pensión que correspondía a Moliné O’Connor, incluidos los eventuales derechos de sus beneficiarios, con efectos desde el 20 de agosto de 2014, fecha de su fallecimiento. Para esta medida previsional no fijó una suma dineraria determinada.
Por último, la Corte Interamericana estableció que las autoridades argentinas deben interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución Nacional, que contempla las causales de juicio político, de conformidad con los derechos al debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos reconocidos por la Convención Americana y los estándares desarrollados en su jurisprudencia.
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