En 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Müller
La investigación judicial determinó que 17 de los 24 trabajadores fueron secuestrados dentro de la planta de General Pacheco. Algunos fueron trasladados al quincho ubicado dentro del predio, donde fueron sometidos a torturas.
Los tribunales también tuvieron por probado que desde la empresa se aportaron información de los trabajadores, legajos y documentación utilizada para identificar a las personas perseguidas. Algunas víctimas fueron trasladadas desde la planta hacia otros centros de detención.
Responsabilidad de Müller
La mayoría de la Corte consideró que la defensa cuestionó la condena a partir del cargo que ocupaba Müller, pero no logró controvertir las pruebas sobre el papel que desempeñaba dentro de Ford.
Müller era gerente de manufactura y tenía responsabilidad sobre la producción de la planta. Los tribunales anteriores consideraron probado que tenía una posición de relevancia dentro de la estructura de la empresa y control efectivo sobre sectores donde se produjeron los hechos.
La Cámara Federal de Casación había señalado que los directores de Ford realizaron aportes que facilitaron la actuación de las fuerzas militares y de seguridad dentro de la fábrica. También consideró acreditada la utilización de instalaciones y recursos de la empresa durante los operativos represivos.
La Corte entendió que la defensa no había logrado demostrar que las conclusiones de los tribunales inferiores fueran arbitrarias ni que las pruebas hubieran sido valoradas de manera irrazonable.
Disidencia de Rosenkrantz
El juez Rosenkrantz consideró que no se había acreditado la participación individual de Müller en los secuestros y tormentos con el grado de certeza requerido para una condena penal. Según su voto, no alcanzaba con demostrar que Müller ocupaba un cargo jerárquico dentro de Ford. Era necesario acreditar una intervención concreta en los delitos.
El magistrado señaló que no existían testimonios que ubicaran a Müller durante los secuestros o los tormentos ni elementos suficientes, según su interpretación, para demostrar que hubiera conocido o promovido esas acciones.
Rosenkrantz sostuvo que la presunción de inocencia exige demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable y que, ante una duda compatible con la inocencia del acusado, correspondía aplicar el principio in dubio pro reo. (Clarin.com)
Caso Ford
El caso Ford constituye uno de los principales antecedentes judiciales sobre la participación de directores de empresas privadas en delitos cometidos durante la última dictadura.
La sentencia de 2018 y su posterior confirmación por Casación establecieron la responsabilidad penal de Müller y Sibilla como partícipes necesarios de los secuestros y tormentos contra trabajadores de Ford.
En 2021, Casación sostuvo que los ejecutivos realizaron aportes concretos que facilitaron las detenciones ilegales y los tormentos. Entre esos elementos fueron considerados la entrega de información sobre los trabajadores, el uso de instalaciones de la planta y el aporte de recursos para los operativos.
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