Los diputados denunciaron que en su declaración jurada patrimonial, Aranguren, ex presidente de la filial argentina de la petrolera , declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones 'clase A' de la empresa Royal Dutch Shell".
El 28 y 29 de marzo de 2016 se dictaron las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell.
También se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que, según la denuncia puso "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".
Aranguren ya fue indagado el pasado 19/11 por negociaciones incompatibles con la función pública, y declaró que "en ningún momento" benefició a Shell. Explicó que “el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañía por el gas durante en el período 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración”.
“El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado”, explicó. "Las empresas no se beneficiaron con los aumentos, no fue a las empresas , sino que redujo los subsidios que se pagaban a los usuarios”.
También argumentó que “en ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público”.
En la misma causa fue citada Laura Alonso por el delito de encubrimiento, por no haber investigado si había o no un conflicto de interés a pesar de haber sido advertida por los denunciantes Tailhade y Doñate.
Hoy, al arribar a Comodoro Py, Alonso no quiso hacer declaraciones a los medios presentes. "Les agradezco que están acá pero tengo que hablar con el juez primero", pidió la titular de la OA.