El episodio que conmocionó a la comunidad
El caso ocurrió en 2025 cuano Mariela Farías amenazó primero a la profesora de inglés de su hija por haberle llamado la atención a la adolescente por usar el celular en clase, y al día siguiente, pese a que el equipo directivo le había prohibido volver a ingresar, regresó a la escuela junto a una hija mayor de edad y golpeó a la directora y a la vicedirectora, a quienes arrastró por el suelo y tomó de los cabellos.
El hecho fue filmado por un estudiante y viralizado en redes, y no solo llegó a la Justicia, sino que tuvo también una respuesta legislativa:
El gremio impulsó un proyecto que la Legislatura neuquina aprobó en julio de 2025, la Ley 3522 de Protección Integral de los Trabajadores de la Educación, que recién este año fue reglamentada por el Gobierno provincial de Rolando Figueroa con el decreto 701/2026 El gremio impulsó un proyecto que la Legislatura neuquina aprobó en julio de 2025, la Ley 3522 de Protección Integral de los Trabajadores de la Educación, que recién este año fue reglamentada por el Gobierno provincial de Rolando Figueroa con el decreto 701/2026
La norma habilita a las escuelas a labrar actas y denunciar agresiones, y prevé sanciones que van desde multas hasta arresto contravencional.
"Somos optimistas que obtendremos una sentencia condenatoria y que, sumada a la sanción de ley aprobada, impulsada por ATEN, nuestra provincia puede dar una vuelta de página a situaciones que nunca debieron ocurrir", dijo el abogado querellante Mariano Mansilla al cierre de los alegatos, junto a su equipo.
En el ambiente docente, consideran que lo que está en juego hoy excede el destino judicial de una mujer. Es si la Justicia empieza a poner un límite a una dinámica que, dicen, se repite cada vez con más frecuencia: padres o madres que ingresan a las escuelas a resolver a los golpes un conflicto con un docente...
Según informa el 'Diario Neuquino', el juicio contó con la intervención de la fiscal Lucrecia Sola por el Ministerio Público Fiscal y del abogado Fernando Gómez en representación de la defensa.
Por la querella participaron los abogados Mariano Mansilla, Agustín Otárola, Agustina Procoppo y Miguel Quiruga, en representación de las docentes y de ATEN.
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