De acuerdo a la presentación, los actos administrativos que el candidato libertario impugna son:
- El llamado a concurso abierto para la designación de los cargos de presidente, vicepresidente y vocal primero del Directorio del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE).
- El inicio del proceso para la cobertura de más de 455 cargos para el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Obras Públicas, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación.
- El restablecimiento del Programa de Incremento Exportador.
- La adjudicación de las licitación para la adquisición de soluciones tecnológicas que incluyan maquinaria, insumos, diseño, software y capacitación para la producción del Nuevo DNI Electrónico Argentino y del Nuevo Pasaporte Electrónico Argentino.
- La aprobación de perfiles para incorporar 180 investigadores a la Carrera del Conicet en la Modalidad Fortalecimiento I+D+i.
- El inicio del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (“RTI”) para las empresas de transporte de energía eléctrica bajo jurisdicción nacional.
- El llamado a concurso la adjudicación de bandas de frecuencias destinadas a la prestación del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI).
Según la presentación, el Poder Ejecutivo, conducido -dice- "en los hechos" por el ministro de Economía, Sergio Massa, "pretende comprar la voluntad del electorado mediante medidas de carácter populista, carentes de planificación o análisis económico alguno y con un costo fiscal elevado que deberá ser atendido por las próximas autoridades de gobierno".
"De la simple lectura de los actos dictados por la Administración Pública (centralizada y descentralizada) y que son objeto de análisis en esta presentación, es evidente que, pese a haber alegado el ejercicio de facultades tendientes a satisfacer supuestas necesidades de bien público, su finalidad fue otra: manipular al electorado, despilfarrar los recursos del Estado e imponer condicionamientos a quienes los sucederán tras las próximas elecciones", agrega.
Milei invoca el concepto de "vicio de desviación de poder" y afirma que "tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen que constituye un principio basal del accionar de la Administración que sus decisiones se conformen al interés público definido". "La traición a ese interés trae aparejada la nulidad absoluta e insanable del acto al controvertir principios fundamentales que integran el orden público administrativo (ética, legalidad y justicia) íntimamente ligados con el instituto del abuso del derecho", sostiene.
En ese sentido, agrega que, frente a la proximidad de las elecciones generales, "todo desvío de poder, por el cual el partido gobernante se sirva de los recursos estatales para beneficio propio, no solo constituye un hecho evidente y notorio de corrupción, sino también un atentado contra el sistema democrático (art. 36 CN), base esencial del respeto a los derechos humanos".
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