También se conspira contra la seguridad jurídica cuando no se cumple una sentencia judicial, especialmente si proviene de la Corte, que es el último intérprete del orden jurídico nacional. También se violenta la seguridad jurídica cuando no se cubren las vacantes propias del Poder Judicial. Como ocurre históricamente en la Argentina, que hay más de 25% de cargos vacantes de jueces en todo el país. Esta es una forma institucionalizada de conspirar contra la seguridad jurídica. También se conspira contra la seguridad jurídica cuando no se cumple una sentencia judicial, especialmente si proviene de la Corte, que es el último intérprete del orden jurídico nacional. También se violenta la seguridad jurídica cuando no se cubren las vacantes propias del Poder Judicial. Como ocurre históricamente en la Argentina, que hay más de 25% de cargos vacantes de jueces en todo el país. Esta es una forma institucionalizada de conspirar contra la seguridad jurídica.
Esto va desde los incumplimientos de ANSeS con jubilados y pensionados hasta la deuda de Nación con Ciudad de Buenos Aires, que se sigue acumulando. Estos incumplimientos son desafíos a la autoridad de la CSJN y alientan la incredulidad de los ciudadanos sobre la capacidad del sistema judicial para resolver diferencias.
La política
Aquí la 3ra. inseguridad jurídica que denunció Horacio Rosatti:
Y no se cumple con el postulado de la seguridad jurídica, se la desafía, cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política. Y esto ocurre en Argentina desde hace muchos años. La judicialización de las cuestiones típicamente políticas. Frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial. Podríamos elaborar un teorema: a mayor debate público, menor injerencia de la Justicia; a menor debate público, más deseo de intervención de los tribunales de Justicia. El juez no está para reemplazar a la política; está para cumplir con las normas que, entre otros fundamentos, provienen del estamento político. Y no se cumple con el postulado de la seguridad jurídica, se la desafía, cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política. Y esto ocurre en Argentina desde hace muchos años. La judicialización de las cuestiones típicamente políticas. Frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial. Podríamos elaborar un teorema: a mayor debate público, menor injerencia de la Justicia; a menor debate público, más deseo de intervención de los tribunales de Justicia. El juez no está para reemplazar a la política; está para cumplir con las normas que, entre otros fundamentos, provienen del estamento político.
Hay un abuso de los políticos de llevar al Poder Judicial cuestiones que son competencia de la capacidad de sancionar leyes en el Legislativo. La judicialización de algunos temas provoca dudas sobre las instituciones del Congreso, y también del Ejecutivo, que debe promulgar las leyes y dictar sus reglamentos.
Podría inferirse que la judicialización de ciertos temas conlleva un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos que no resuelven esas cuestiones según los procedimientos estándares de la Constitución Nacional.
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