Emergencia habitacional y un drama social ¿Legado de los Kirchner?
Las autoridades locales reconocen que no tienen capacidad para reubicar a todas las familias. “El Chaltén atraviesa una emergencia habitacional desde hace años. No contamos con espacio físico para trasladarlos”, señaló el municipio en un informe judicial.
La situación se agravó cuando, semanas atrás, una persona fue hallada muerta dentro del complejo. Aunque la Justicia descartó que el hecho esté vinculado al conflicto de la ocupación, el episodio aceleró el proceso judicial y puso en evidencia el riesgo de mantener el inmueble en esas condiciones.
El fallo judicial
El juez de instrucción Carlos Albarracín dispuso que los ocupantes abandonen el edificio en un plazo máximo de 60 días, con posibilidad de prórroga si hay voluntad de salida voluntaria. La resolución fue apelada por los defensores de las familias, pero la Cámara de Recursos de Río Gallegos confirmó la medida.
“Debe procederse al desalojo de todas las personas que se encuentren habitando el inmueble en un plazo de 60 días desde su notificación”, resolvió el magistrado Nelson Sánchez, ratificando el fallo de primera instancia.
Una postal del abandono
El hotel La Aldea fue administrado durante años por Osvaldo Sanfelice, socio histórico de la familia Kirchner y hombre clave en la red de sociedades vinculadas a Lázaro Báez. Cerró en 2016, tras una refacción que nunca se completó, y desde entonces acumula deudas, juicios y denuncias.
El predio, ubicado en una de las zonas más turísticas de la Patagonia, había sido comprado por Los Sauces en 2009. La justicia sostiene que la compra y administración del inmueble formaron parte del entramado financiero que permitió lavar dinero proveniente de la obra pública adjudicada a Báez.
Hoy, el edificio luce como un símbolo del ocaso: escombros, ventanas tapiadas, y restos de una construcción a medio terminar que alguna vez prometió convertirse en un hotel boutique de montaña.
Lo que viene
La Justicia santacruceña programó una nueva audiencia con el administrador judicial, autoridades locales y defensores de los ocupantes para evaluar posibles alternativas antes del desalojo forzoso. Si no se alcanza un acuerdo, el operativo podría concretarse a mediados de noviembre, con intervención de la fuerza pública.
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