El escándalo ocurrió en el penal de Bouwer, en Córdoba. La reclusa fue trasladada junto a las mujeres del penal, que más tarde la denunciaron.
CÓRDOBA. La Justicia de Córdoba avanzó en un caso de género que causó controversia. Se trata de la imputación de Gabriela Fernández, una reclusa de la cárcel de Bouwer que fue acusada por sus compañeras por presuntos delitos sexuales.
La mujer, que ingresó al establecimiento siendo Gabriel Fernández para cumplir una condena por violencia de género, había sido trasladada al Establecimiento Penitenciario N°3, donde habitan las reclusas. Ahora, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno decidió imputarla abriendo un caso sumamente delicado para la opinión pública.
La historia de “Gaby” se remonta al 2016, cuando fue ingresada al sistema penitenciario cordobés tras la denuncia de una ex pareja. Con una condena de tres años por cumplir, y en medio de su estadía, Fernández dijo que pasó a auto percibirse mujer, lo que gatilló el cambio de género y su traslado a la instalación correspondiente.
Tras cumplir su condena inicial y recuperar su libertad, Fernández volvió a la vida en pareja con una mujer. Tiempo después, esa compañera denunció a la ex convicta bajo su identidad masculina, lo que activó el regreso a la reclusión.
A su regreso, aún como mujer, Fernández acumuló varias denuncias de las reclusas, a las que habría sometido en varias oportunidades. Desde privación ilegítima de la libertad, hasta lesiones leves, todas las acusaciones apuntaron contra un comportamiento problemático.
Según la Justicia, el cambio de género de Fernández provocó el daño de los derechos de más de 400 reclusas por hacer prevalecer el de una sola. Además, las autoridades penitenciarias señalaron que la mujer atentó también contra la integridad del personal del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Cabe recordar que la Ley de Identidad de Género establece apenas pocos requisitos para establecer el cambio. Se trata de un trámite de minutos que debe ser cursado por el Estado sin mayores exigencias.
El caso generó tal revuelo que ingresó a la agenda de debate nacional, con sectores del oficialismo empujando para la derogación de la norma.